El IMAS realoja en residencias públicas y privadas a todos los usuarios del geriátrico ilegal de Pere Garau

PALMA DE MALLORCA, 23 (EUROPA PRESS)

El Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) ha realojado a la totalidad de los usuarios que utilizaban el servicio de la residencia ilegal de Pere Garau, en proceso de cierre a raíz de una resolución judicial, que estableció un mes -que vence hoy- desde que fue dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) para cerrar la infraestructura y encontrar una solución a la situación de las personas mayores.

En rueda de prensa, el presidente de este órgano, Jaume Garau, explicó de los 48 usuarios, ocho han sido derivados a una residencia pública y otras 32 han obtenido plaza en diferentes centros privados de la isla. Por su parte, siete personas permanecerán en sus domicilios -seis de ellas con un plan individual de atención-, mientras que uno de los 48 ancianos que se encontraba en fase terminal murió recientemente en el hospital.

Tal y como indicó el también conseller insular de Servicios Sociales, tras una primera fase de la situación e intervención con las familias, se han adoptado soluciones personalizadas para cada caso, teniendo en cuenta las necesidades y características de los usuarios que pernoctaban en el centro. Así, una vez determinada la situación de cada uno, se ha trabajado conjuntamente con la Fundación de Atención a la Dependencia para acelerar el proceso.

Asimismo, Garau manifestó que desde la institución que preside continuarán trabajando de cara al cierre definitivo de la residencia y, de hecho, el servicio de inspección del IMAS previsto visitar hoy el centro para comprobar que se ha procedido a su clausura y que no permanece ningún usuario en su interior.

En referencia a la situación de la residencia, Garau indicó que incumple, entre otros aspectos, los requisitos mínimos de higiene, disponer de personal sanitario las 24 horas, las prestaciones técnicas o asistenciales, y algunos de sus trabajadores son inmigrantes sin papeles o empleados sin titulación. También aludió a posibles delitos fiscales por no acreditar ningún libro de cuentas o el estado de la facturación y pagos.

El máximo responsable del IMAS manifestó al mismo tiempo que es "poco frecuente" que se cierre un servicio residencial -desde hace diez años no se producía-, aunque recordó la situación "muy grave" del centro y las infracciones y sanciones que acumula, y que sumarían más de 240.000 euros. En el caso de otras residencias que puedan incumplir determinados aspectos, aseguró que "estamos decididos a fuerza de sanciones llegar hasta donde haga falta para que cumplan los requisitos".

Garau recordó que las actuaciones del Consell de Mallorca en torno a esta residencia se remontan a 2006, cuando se abrió un expediente sancionador por no disponer de licencia y detectarse "graves deficiencias que ponían en peligro la seguridad y el bienestar de sus usuarios". Mientras, en enero de 2007 un nuevo procedimiento sancionador condujo al cierre de la residencia y a la inhabilitación por cinco años de su directora, María José Jaén.

No obstante, recriminó que el anterior equipo de gobierno no hizo efectivas sus competencias en este caso y "no dio cumplimiento a sus funciones como administración, por lo que no llevó a cabo el cierre en aquel momento", aseveró. Por último, lamentó que su directora, "pese a conocer la caótica situación del centro, no tomó ninguna medida para resolver el tema, ha continuado al frente de la residencia e incrementado el número de usuarios, pese a que no les podía garantizar atención y seguridad", concluyó.