La apertura de diligencias se produce a raíz de la denuncia presentada por el Partido Popular el pasado 20 de mayo, una vez que el equipo de gobierno del PSOE, sin el PAL, cuyo concejal excusó su asistencia el día de autos, diera el visto bueno definitivo al presupuesto municipal el 16 de mayo del 2016 en la Junta de Gobierno Local, sin someterse a la sesión plenaria, que en un principio se convocó para el 9 de mayo pero nunca llegó a celebrarse.
El Partido Popular en el municipio ha asegurado que "los hechos son de una gravedad extrema porque no sólo se incumple la ley sino que además hurtan a los grupos políticos que representan a los ciudadanos del debate democrático que debe presidir cualquier órgano administrativo".
El PP ha recordado que ya advirtió de que dicha actuación contraviene de forma flagrante la ley que establece la obligatoriedad de celebración del Pleno, con su debate y votación, y sólo en el caso de que no se llegara a la aprobación podría ser ratificado por la Junta de Gobierno Local. Además, han añadido que dicha Junta de Gobierno adoptó una decisión tan importante con ausencia temeraria de los informes jurídicos preceptivos de los técnicos del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo.
"ORDENO Y MANDO"
Según han señalado, esta actuación es una muestra más del "ordeno y mando" que preside el Ayuntamiento del tercer municipio de la provincia en manos de la socialista María Eugenia Gancedo, que ya ha sido investigada por la Justicia por el presupuesto que aprobó en el año 2010.
"Desde el minuto uno ha ninguneado a la oposición sin ser consciente de que tiene seis de 21 concejales porque el séptimo le ha dado la espalda a las primera de cambio", han recalcado los populares, que han insistido en que lo que ha hecho la alcaldesa es una "tropelía y un atropello", muestra más de la "prepotencia" que ha instalado en la Casa Consistorial y del "ninguneo y la burla absoluta no sólo a la oposición sino también a los ciudadanos de este municipio".
El Grupo Popular no ha dudado en calificar de "extremadamente ilegal" lo que han hecho los seis concejales del PSOE que han enriquecido un expediente ya plagado de ilegalidades, tal y como denunció el PP porque el gasto presupuestado no cubre el coste de los servicios, porque documento no incluye ni la deuda de más de cinco millones del agua, ni siquiera la última sentencia de pagos a la concesionaria, ni la de Gersul y desinfla los gastos de forma burlesca.
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