Alcaldes del cambio y del PSOE piden no hacer ideología de la gestión directa de servicios públicos

Estos son los argumentos que ha esgrimido el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, y que le han secundado el alcalde de La Coruña, Xulio Ferreiro; el concejal delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato; la concejal delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valladolid, María Sánchez; el concejal de Presidencia, Agua y Energía del Ayuntamiento de Barcelona, Eloy Badía; y el concejal de municipalización y remunicipalización de servicios públicos del Ayuntamiento de Huesca, Luis Arduña.

Todos ellos han ofrecido una rueda de prensa en un receso de la jornada "La gestión de los servicios públicos municipales", que se celebra en el Edificio Seminario de Zaragoza entre este jueves y el viernes, 4 y 5 de mayo.

Santisteve ha abogado por "no hacer una cuestión ideológica al no radical de la gestión directa de los servicios públicos, como hace el PP y Ciudadanos" y ha elogiado la actitud "favorable" de los consistorios socialistas de Valladolid y Huesca al estar en la línea de los ayuntamientos del cambio y ha afeado la actitud contraria de "algún grupo que en su día apoyó mi investidura", ha dicho en alusión al PSOE.

El alcalde de Zaragoza ha incidido en que "si no se consigue la gestión directa de los servicios municipales pierden los ciudadanos" y ha confiado en que "cambien algunas posturas cerriles".

"EFICIENCIA"

Para Santisteve, la idea "clave" de estas jornadas es que "lo lógico es que los servicios públicos municipales sean gestionados directamente por los ayuntamientos y que la excepcionalidad sea la gestión indirecta"

Ante el vencimiento, el próximo 31 de diciembre, de la contrata de Parques y Jardines que gestiona FCC, Santisteve ha reconocido que el rescate de este servicio tiene que aprobarse por el pleno y ha recordado que "en caso de no lograr la mayoría, en nuestro programa electoral figura buscar la máxima eficiencia del servicio, garantizar el empleo y abaratar costes".

Santisteve ha recalcado que la finalidad es hacer "más eficientes" estos servicios públicos y también "más eficaces desde el punto de vista de la calidad y pensando en los ciudadanos".

PGE

Otro aspecto que han coincidido todos en criticar es la disposición adicional 27 del Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 en la que se recoge textualmente que "no podrán considerar como empleados públicos (...) a los trabajadores de los contratistas de concesiones de obras o de servicios públicos (...) cuando los contratos se extingan por su cumplimiento, por resolución, incluido el rescate, o si se adopta el secuestro o intervención del servicio".

El alcalde de La Coruña, Xulio Ferreiro, ha dicho que tenemos el "deber de no ceder ante los intentos de coartas la autonomía local ante la prohibición de subrogar a trabajadores".

Xulio Ferreiro ha subrayado que "hay una batalla clara sobre el modelo de gestión de los servicios públicos municipales que el PP no duda en usar todas las armas legislativas, como los PGE para detraer recursos públicos y poner en manos privadas para entregar a las grandes empresas, no a las pymes, la gestión de estos servicios".

Como regidor del Ayuntamiento de La Coruña ha observado que la gestión privada "plantea más problemas" y ha defendido que la gestión directa "es más barata y eficiente porque no tiene otro interés que la calidad del servicio que se presta a los ciudadanos".

A colación ha aludido a los problemas asociados que conlleva la privatización entre los que ha citado la corrupción al aseverar que "sin privatizaciones y sin traspaso de recursos públicos esas cosas que vemos estos días no habrían pasado".

Ha precisado que "está demostrado que sin una privatización masiva, muchos de los fenómenos de corrupción no se habrían producido" y sobre los último casos que afectan al PP ha agregado que "no hay que hacer demasiados silogismos para ver quien apuesta por la privatización y las redes de connivencia con la corrupción que investigan los juzgados".

COMERCIALIZADORA

El concejal delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, ha enfatizado que "ante la amenaza de los PGE, con la disposición adicional 27, tenemos la obligación de defender la autonomía municipal" y ha asegurado que "hay alternativa económica y política que pasa por la autonomía local".

Sánchez Mato ha opinado que este asunto "hay que pelearlo en el ámbito parlamentario y no se agota con los PGE" para avisar de que "habrá una segunda parte en defender, no solo en el ámbito judicial, unos presupuestos constitucionales".

El concejal de Presidencia, Agua y Energía del Ayuntamiento de Barcelona, Eloi Badía, ha subrayado que "se han constatado grandes fracasos en la privatización de servicios públicos y por eso hemos emprendido rescates a pesar de las trabas" y ha criticado que la privatización de un servicio "se pude hacer de un día para otro" pero no a la inversa.

Ha tildado de "ataque a la soberanía de los ciudadanos" la disposición adicional de los PGE que a su parecer "es un efecto más de las puertas giratorias" y se ha declarado a favor de que los ciudadanos puedan participar en la gestión directa de los servicios públicos.

Sobre la creación de una comercializadora del agua y la energía ha relatado que la podría empezar a operar en el verano de 2018 y además se pretender extender al área metropolitana de Barcelona. Badía ha resumido que la ventaja de la comercializadora impulsada desde el Ayuntamiento "permite trabajar el autoconsumo y el fomento de las energías renovables".

CLÁUSULAS SOCIALES

La concejal delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valladolid, María Sánchez, ha elogiado el trabajo en red que realizan los ayuntamientos participantes para combatir las "restricciones legales" de los PGE.

Ha contado que en Valladolid han emprendido la iniciativa de "devolver la gestión pública el servicio de agua después de 20 años de privatización" que ha elogiado porque "cuando no se comparten los beneficios con una empresa privada se reinvierte en la red pública en lugar de llegar a un déficit de 96 millones en el mantenimiento que nos hemos encontrado".

Se ha decantado por incluir cláusulas sociales y medioambientales en los pliegos de los contratos que se liciten, aspecto en el que también han coincidido el resto de comparecientes.

El concejal de municipalización y remunicipalización del Ayuntamiento de Huesca, Luis Arduña ha señalado que "es una evidencia que con un bien público no se puede hacer negocio desde lo privado y eso implica una decisión política para recuperar los servicios para la ciudadanía".

Arduña ha aclarado que "no se trata de una posición ideológica, sino de una evidencia constatada por el Tribunal de Cuentas que ha dicho que algunos servicios públicos se gestionan mejor desde lo público".

Se ha decantado por garantizar la estabilidad de los trabajadores mediante la subrogación al rescatar servicios municipales y ha criticado que el PP "quiere cerrar la gatera" con la disposición adicional 27 de los PGE.

En este punto ha criticado que al PP "le da igual los trabajadores y tiene la cara de decir que defienden los principios de mérito, igualdad y capacidad".