Garrido se ha reunido este martes con el delegado de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social del Ayuntamiento de Madrid, Nacho Murgui, y la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, en un encuentro en el que han estado presentes los comisionados para la Cañada del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad.
Murgui ha explicado que en la reunión de esta tarde en la sede de la consejería se han emplazado las dos administraciones a un nuevo encuentro en dos semanas, tiempo en el que se habrán limado cuestiones relativas al reparto de tareas según las competencias y los recursos de cada una.
En "lo fundamental", en "atender el proceso en la Cañada teniendo en cuenta la participación de los vecinos y una respuesta a las necesidades siempre desde la garantía a sus derechos", Ayuntamiento y Comunidad siempre han estado de acuerdo, ha asegurado el también segundo teniente de alcalde de Madrid.
DOS AÑOS
Dentro de estas garantías se enmarca la necesidad de establecer un convenio de realojo, como contempla el acuerdo marco de la Cañada Real firmado la pasada primavera.
En él se abordará en primer lugar los sectores más vulnerables, en este caso el 6, donde aparecen censadas unas 150 familias vulnerables.
Murgui ha recordado que el pacto da un plazo de dos años para el realojo. "Es un plazo muy exigente pero nosotros, como administraciones públicas, tenemos que hacer todo lo posible para estar a la altura de esa exigencia", ha remachado el concejal.
Nacho Murgui se ha comprometido a trabajar para que esa espera de dos años "sea menor" sabiendo que se trata de un proceso muy complejo.
El concejal ha asegurado que hay buena sintonía con la Comunidad en lo que a Cañada Real se refiere, como se demuestra con el trabajo conjunto a cargo de los dos comisionados.
De la misma opinión se ha mostrado el consejero Garrido, que ha valorado el "entendimiento y colaboración" por parte del Ayuntamiento para explicar que la reunión ha servido para abordar un primer borrador del convenio de realojo en el Sector 6.
PILOTO A SEGUIR
"Va a ser el modelo, el piloto de convenios que vayamos firmando la Comunidad y los ayuntamientos. Por eso es importante que nos sentemos y que lo hagamos bien porque servirá de referencia para el resto de realojos", ha señalado.
"Tenemos la convicción de que tenemos que trabajar juntos para mejorar la vida de esos ciudadanos", ha terminado.
Desde el Ayuntamiento han destacado que siguen incrementando las acciones en materia de seguridad, movilidad, limpieza, accesibilidad y programas sociales en la zona, sin dejar de lado la disciplina urbanística.
Aquí se enmarca el acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento de Rivas por el que las policías de ambos municipios colaboran para hacer frente a las acciones ilegales relativas al urbanismo y los vertidos.
Precisamente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acaba de fallar que no autoriza la suspensión cautelar solicitada por Delegación de Gobierno, que anunció su intención de impugnar el convenio de colaboración entre las policías de Madrid y Rivas en la Cañada Real.
Murgui ha insistido en ocasiones anteriores en la necesidad de la urgencia de la firma del convenio de realojo para el Sector 6 entre el Ayuntamiento de Madrid y la Agencia de la Vivienda Social del Gobierno regional, motivo de la reunión de hoy, para que se determinen claramente los recursos que las administraciones públicas van a destinar y las condiciones concretas en las que se desarrollará esta operación.
"Es absolutamente necesario contar con el concurso de la Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, organismo competente en materia de erradicación del chabolismo, realojo e integración social de las personas y familias afectadas. Es fundamental para garantizar el realojo y evitar concentración de familias vulnerables en el conjunto de la región", manifestó Murgui en ocasiones anteriores.
Nacho Murgui también apuntó que cada día 150 familias siguen viviendo en unas condiciones indignas en el Sector 6 y es "una vergüenza para las administraciones públicas que se siga permitiendo esta situación".
Debido a las circunstancias excepcionales de ausencia de las mínimas condiciones de habitabilidad en el Sector 6, situado en término municipal de Madrid, en la firma del Pacto se adquirió el compromiso de iniciar el desmantelamiento de esta zona mediante un convenio entre el gobierno municipal y el regional que regule las condiciones de ese desmantelamiento.
La población en el Sector 6 se encuentra en situación de extrema vulnerabilidad y unas 150 familias se ven en situación de exclusión severa, según datos del estudio de la Agencia de la Vivienda Social de 2016.
Los realojos, de acuerdo a lo recogido en el Pacto, garantizarán la reubicación dispersa a todas las familias que cumplan con los requisitos para el realojo previsto.
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