Ayuntamiento de Madrid acusa a PP de querer ser insumiso con Ley de Memoria Histórica

El tercer teniente de alcalde del ayuntamiento de Madrid, Mauricio Valiente, ha acusado al PP de pretender que el Gobierno municipal se declare insumiso en la aplicación de la Ley de Memoria Histórica mientras que la concejala del PP Isabel Rosell ha contestado que en Ahora Madrid están en guerra interna por el callejero.

Los votos de Ahora Madrid y PSOE han sacado adelante la proposición de la Junta de Gobierno, con el rechazo del PP y la abstención de Ciudadanos, para aprobar la modificación parcial de la ordenanza de denominación y rotulación de vías, espacios urbanos, edificios y monumentos.

El tercer teniente de alcalde de Madrid, Mauricio Valiente, se ha comprometido a que la Junta de Gobierno ratificará los acuerdos sobre aplicación de la ley de memoria histórica en el callejero que se aprueben en el Pleno. Según la Ley de Capitalidad es la Junta de Gobierno quien tiene la última palabra.

"Lo que apruebe el Pleno lo va a respetar la Junta de Gobierno porque ese consenso que buscamos desde el inicio tiene que recogerse en la votación que se produzca en el Pleno. Aunque la Ley de Capitalidad nos obliga a que este proceso culmine en la Junta de Gobierno, nuestro compromiso es que se respete lo que decida el Pleno", ha subrayado el tercer teniente de alcalde.

La edil de Ciudadanos Sofía Miranda ha iniciado su intervención en el Pleno mostrando su "condena, repulsa y asco" que siente al ver un autobús recorriendo las calles de Madrid "cargado de transfobia y odio". Sobre el callejero, la edil ha lamentado vivir en el "día de la marmota" al considerar, parafraseando los comentarios de vecinos en el portal municipal, que éste no debería ser un asunto prioritario para el Ayuntamiento.

"Quiero que se cumpla la ley, ésta y todas, pero le recrimino sus palabras en comisión sobre que estoy cómoda con el callejero franquista. Usted (a Valiente) está cómodo con la división, usted tiene sus motivos y no es el cumplimiento de la ley", ha lanzado después de apostillar que con este proceso se añade complicaciones a un proceso ya farragoso en sí. Valiente le ha contestado que él no está cómodo con el callejero franquista y que cree que "por imperativo ético" hay que acabar con esta "sinrazón".

La socialista Mar Espinar ha defendido que la Ley de Memoria Histórica busca la justicia, un concepto que debe unir a todos. La edil ha defendido la enmienda del PSOE, aceptada, para que la proposición del comisionado no llegue sólo al concejal-presidente sino a todos los grupos que conforman las juntas.

La popular Isabel Rosell ha criticado que en junio se aprobó en Pleno una proposición de su grupo para devolver al Pleno la competencia en los cambios del callejero pero Ahora Madrid "la conserva en la Junta de Gobierno". "Es un comportamiento antidemocrático de este gobierno, que convierte acuerdos plenarios en sugerencias", ha reprochado.

Rosell ha sugerido que Ahora Madrid tiene un "problema morrocotudo en sus filas" porque la creación del Comisionado de la Memoria Histórica "les sentó como un tiro a algunos concejales, que se han echado al monte y han iniciado la guerra del callejero por su cuenta aprobando cambios en el callejero con independencia del comisionado".

"Peleítas las de ustedes", le ha contestado Valiente, que ha acusado al PP de pretender que el Gobierno se declare "insumiso" con la aplicación de la Ley de Memoria Histórica. "Ese es el problemita", ha ironizado.

CÓMO ES EL PROCESO

El proceso de modificación puntual de la ordenanza arranca con la propuesta con la que trabaja el Comisionado de la Memoria Histórica, presidido por Paca Sauquillo, que será remitida por la tercera tenencia de Alcaldía a las juntas de distrito (a todos los grupos, no sólo a los concejales-presidente, como se había previsto en un principio) y a las áreas de gobierno afectadas.

Una vez que juntas y áreas elaboren los correspondientes informes, el trabajo regresará al Comisionado para su análisis. El siguiente paso sería que la tercera tenencia de Alcaldía lo elevaría al Pleno, donde se debatiría y votaría. Finalmente la Junta de Gobierno, que es quien tiene la competencia, se compromete a suscribir el acuerdo del Pleno. A partir de ahí comenzaría la ejecución material del cambio en el callejero.