El Congreso reclama reformar la financiación de los ayuntamientos y derogar la Ley de Administración Local

Aunque el texto original, de Podemos, era más ambicioso que el finalmente aprobado en materias como la capacidad de regular el IBI por parte de los consistorios, la formación morada ha pactado finalmente con el PSOE una transaccional que ha permitido sumar los votos de Ciudadanos, Democracia y Libertad (DL) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Así las cosas, sólo el PP ha votado en contra.

De este modo, la Cámara Baja reclama revocar la Ley de la Administración Local y aprobar una nueva Ley de Régimen Local que "refuerce" la autonomía municipal, garantice una financiación "estable y proporcional a unas competencias bien definidas" y venga acompañada de "provisiones presupuestarias suficientes".

Igualmente, se exige reformar la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para garantizar la suficiencia financiera y autonomía de los ayuntamientos, definir "con claridad" su participación en los ingresos del Estado --"incluido el IVA"-- y de las comunidades autónomas y reconocer sus competencias exclusivas, a la par que se incrementa su capacidad y autonomía normativa en la determinación de los impuestos locales.

El texto también reclama que los consistorios puedan participar en los Consejos de Política Fiscal y Financiera (CPFF) a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que se cree un sistema de cooperación entre Estado, comunidades y entidades locales en planes de emergencia o fondos específicos de rescate ciudadano; y que se flexibilicen las reglas de gasto para los ayuntamientos con finanzas saneadas sin que ello suponga poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos de déficit.

AYUNTAMIENTOS "ATADOS DE PIES Y MANOS"

El diputado de En Comú Podem Josep Vendrell ha criticado que el Gobierno 'popular' haya intentado "atar de pies y manos" a los ayuntamientos, convirtiéndolos en "meros entes administrativos" en su afán "recentralizador y antisocial", pese a tratarse de las instituciones que más cerca ha estado de los ciudadanos ante las emergencias causadas por la crisis

"Creemos firmemente en la autonomía local", ha proclamado, reclamando competencias y financiación "adecuadas" para ejercer políticas públicas. Por eso, ha exigido un cambio en la Ley de Haciendas Locales que garantice la autonomía y suficiencia financiera municipal, revisar e incrementar su participación en los ingresos del Estado y de las comunidades autónomas, y mejorar su capacidad normativa en impuestos locales.

El socialista Odón Elorza ha valorado el "esfuerzo de racionalizar" el texto realizado por Podemos, que ha permitido alcanzar una propuesta común que no supone una "carta a los Reyes Magos" sino un compromiso "ambicioso" pero realizable por el próximo gobierno.

REIVINDICACIÓN HISTÓRICA

Por parte de Ciudadanos, Saúl Ramírez ha señalado que la iniciativa original "mezclaba churras con merinas" y no planteaba un debate "en profundidad y con rigor" sobre un asunto importante como es la financiación local, sino que antes al contrario recogía aumentos de gasto que "hipotecarían el futuro" de los españoles al no recoger con qué nuevos ingresos se afrontaría.

La diputada de ERC Ester Capella ha recordado que ésta es una "reivindicación histórica" de su formación, aunque ha defendido que Cataluña "ya está en otra pantalla de otra película" para construir una República catalana en la que el municipalismo tenga un papel central.

Ferrán Bel, de Democracia y Libertad (DL), ha admitido "discrepancias" con el texto original, que han "disminuido" en relación con la propuesta final. Además, ha expresado sus "sospechas" y "preocupación extrema" con la posible intención de algunas formaciones de tratar de tapar los problemas de financiación de las comunidades con un debate "perverso", ya que los ayuntamientos "ya están bien financiados".

El 'popular' José Antonio Nieto coincide en que hace falta reformar la financiación municipal aunque cree que la propuesta de Podemos "no describe bien los problemas ni plantea las soluciones correctas" y, además, pretende "imponer" unas exigencias concretas que impedirá que una nueva normativa llegue siquiera al Congreso.