La institución provincial ha solicitado, asimismo, que la regla de gasto compute sobre el presupuesto inicial y no sobre el liquidado. En la iniciativa, la Diputación propone que se tenga en cuenta la solvencia económica del municipio y la capacidad de generar ingresos con carácter permanente.
La propuesta insta al Gobierno central a comunicar a la mayor celeridad posible la información que precisen la diputaciones y ayuntamientos para la elaboración de sus presupuestos del año 2017, en particular la estimación de las cuantías correspondientes a las entregas a cuenta por la participación en tributos del Estado y cesión de los impuestos, así como la variación del gasto computable y objeto de deuda pública, en base a la información actualmente disponible sobre estimaciones de recaudación, además de las cuantías correspondientes por la liquidación del año 2015.
Los acuerdos serán remitidos al Ministerio de Hacienda y de Administraciones Públicas del Gobierno de España, a la Federación Española de Municipios y Provincias, a los grupos políticos en el Congreso, Senado y Cortes de Aragón así como a todos los municipios y comarcas de la provincia de Teruel.
Con esta propuesta la Diputación pretende que las administraciones que cumplen con la estabilidad presupuestaria, como es el caso de la Diputación Provincial y muchos ayuntamientos de la provincia, puedan dedicar parte de su superávit a realizar inversiones que repercutan en beneficio de sus respectivos municipios y que hoy es imposible aplicando los criterios que se referencian en la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad.
"Tener que destinar más recursos a amortizar deuda de los que corresponden ese año motivado por una gestión responsable y eficiente de los recursos es una paradoja que incide negativamente en las inversiones que la Diputación Provincial de Teruel puede apoyar en nuestros municipios", ha dicho al respecto el presidente de la institución provincial, Ramón Millán.
El portavoz del PP ha señalado que el Ministerio obliga a amortizar deuda y prohíbe nuevos gastos aunque la institución local tenga liquidez, recalcando que los ayuntamientos están saneados. Carlos Boné ha reconocido que la aplicación de esta normativa "ha sido positiva" y que los municipios son las instituciones "más cumplidoras".
Al respecto, el socialista José Luis López ha recordado que esta fue "una ley muy controvertida en su momento" y el portavoz del PAR, Alberto Izquierdo, ha resaltado que las comunidades autónomas tienen un déficit estructural.
DISCIPLINA PRESUPUESTARIA
La regla de gasto es un instrumento de disciplina presupuestaria que trata de garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas de manera que, a medio plazo, el crecimiento del gasto de las Administraciones Públicas viene limitado por la capacidad de financiarlo con ingresos estables y sostenidos en el tiempo, y siempre teniendo en cuenta el presupuesto liquidado no el inicial.
"Supone en la práctica un freno a la hora de tener disponibilidad y autonomía económica para poder presupuestar gastos, atender servicios con necesidades especiales o demandas de los vecinos a pesar de haber demostrado nuestra solvencia económica así que lo que sucede es que se acortan nuestras competencias y se reduce el margen de maniobra que tenemos para invertir en nuestros pueblos o contratar personal en la propia institución", ha expresado el presidente de la Diputación Provincial de Teruel.
Además, Millán ha matizado que el objetivo final de esta propuesta es modificar o suavizar los criterios que fijan la regla de gasto para las administraciones que "sí cumplen" y potenciar de esta manera, los servicios que se prestan a los ciudadanos desde las instituciones más cercanas. "No se trata de derogar una ley que entendemos debe cumplirse para no caer en errores del pasado sino en que no se trate de igual modo a las administraciones que cumplen sus obligaciones económicas que a las que no lo hacen", ha concluido diciendo.
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