No obstante, entienden que esta Ley deberá de ser mejorada, por lo que con casi toda seguridad presentaran enmiendas a la misma. En su criterio, uno de los cambios más importante deberá centrarse en que la administración de la Ley no se quede en manos de la Asamblea de Madrid.
También han criticado, por ejemplo, la disposición adicional primera, que señala que la aplicación de la de la vigente Ley al personal funcionario de las entidades locales se realizará en los términos que prevea la legislación aplicable en materia de régimen local. Y, sin perjuicio de lo anteior, las entidades locales "podrán formalizar convenios con el Defensor d elso funcionarios denunciantes de corrupción del a Comunidad de Madrid a efectos de incluirse en el ámbito de aplicación de la Ley".
La plataforma entiende que esto dajería fuera de protección a los madrileños Ana Garrido, una de las personas que destapó el caso Gürtel, ya que creen el Ayuntamiento de Boadilla no lo aceptaría; o al exteniente Luis Gonzalo Segura, porque es del Ejército; o a Azahara Peralta, denunciante del caso Acuamed, porque es tenía un contrato laboral y no era funcionaria.
CRÍTICAS A OSSORIO
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, adelantó ayer a prensa que su partido no apoyará la Ley porque considera que es inconstitucional e innecesaria y espera que el resto de grupos también voten en contra.
La PxH ha calificado de "alarmantes e insultantes" las declaraciones de Ossorio. "Denunciantes como Ana Garrido o Luis Segura podrían llegar a explicarle al señor Ossorio la 'sobrada' protección que han tenido por parte de la justicia cuando decidieron denunciar los casos de corrupción de los que estaban siendo testigos y acosados", han señalado.
La plataforma de apoyo a estos denunciantes ha pedido al diputado popular que pregunte a la ministra García Tejerian sobre la situación que está pasando una de las denunciantes del caso Frontino, la cual lleva ya casi un año cobrando su sueldo sin prestar servicios a la empresa pública Acuamed mientras que el Gobierno se encarga de recurrir la sentencia favorable a la extrabajadora y confirmada por Tribunal Superior de Justicia, "en todas las instancias con el dinero de todos los españoles.
"Es inadmisible que un dirigente político pueda llegar a afirmar, como dijo Ossorio, que 'no hay que crear órganos ante algo sobre lo que no existe alarma social, ni entre los funcionarios, ya que no nos ha llegado ninguna denuncia de ese tipo, supone más gasto público crear órganos y puestos, sin mucho sentido'", critica la asociación.
Por eso, ha hecho un llamamiento al resto de fuerzas políticas que sí aprecian alarma social ante los ya "innumerables" casos de corrupción y que sí son conocedores de la "multitud de denuncias" de corrupción que se están presentando por parte de funcionarios, para que voten a favor de aprobar una Ley "tan necesaria".
Por todo ello, la Plataforma por la Honestidad ha invitado al PSOE a que no se quede al margen con su abstención, como ya ocurrió el pasado mes de septiembre durante la votación de la PNL.
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