Diputación asegura que es una "incoherencia total" que Trabajo pida a los ayuntamientos contratar técnicos

Diputación asegura que es una "incoherencia total" que Trabajo pida a los ayuntamientos contratar técnicos
Diputación asegura que es una "incoherencia total" que Trabajo pida a los ayuntamientos contratar técnicos
EUROPA PRESS
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La Diputación de Valencia ha criticado este miércoles que el Servicio de Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) del Ministerio de Empleo haya remitido una carta a 187 pequeños municipios de la provincia de Valencia, en la que instan a contratar como trabajadores propios a arquitectos, ingenieros y arquitectos técnicos que les asesoran, un máximo dos horas a la semana, gracias a un convenio entre la corporación provincial y 16 colegios profesionales.

Para la corporación provincial, la petición de la Inspección de Trabajo es "descabellada, imposible, inviable" y de una "incoherencia total, que además entra en "contradicción" con la Ley de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, por la que el departamento de Montoro "prohíbe" desde el año 2012 a los ayuntamientos la contratación de personal temporal ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos, "con lo que la única solución posible es recurrir a esta contratación externa".

Así lo han manifestado la diputada de Asesoramiento Municipal, Conxa García, y el jefe de Asesoramiento Municipal, Enrique Moreno, en una rueda de prensa en la que han querido "tranquilizar" a los 187 municipios afectados, todos ellos de menos de 5.000 habitantes y con un presupuesto que no supera los dos millones de euros anuales, después de la misiva del ITSS, que les da hasta el 3 de junio para hacer los trámites correspondientes ante la Tesorería General de la Seguridad Social.

García ha garantizado a los consistorios que "no soltarán su mano", que la Diputación "continuará prestando el servicio y estando a su lado", prepararán las alegaciones correspondientes, "se agotarán todos los pasos" para buscar soluciones a esta situación, después los recursos pertinentes e incluso defensa gratuita en caso de juicio.

Por el momento, ya se ha reunido con la Inspección de Trabajo y ha solicitado otra reunión con el delegado del Gobierno de la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues.

ITSS PIDE QUE ABONEN 3 MILLONES POR LA SS DE LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS

Esta situación, ha advertido la diputada, "está generando una gran preocupación y malestar por las futuras y graves consecuencias económicas que tendría" sobre estos ayuntamientos "con escasos recursos económicos".

En este sentido, ha lamentado que tras reunirse con la ITSS, se les ha trasladado además, que los consistorios deben abonar el pago de la Seguridad Social de estos técnicos correspondiente a los últimos cuatro años, los que según ha calculado sumaría entorno a 3 millones de euros, ya que alrededor de 500 profesionales estarían en esta situación.

UN "CURIOSO" MOMENTO POLÍTICO

La diputada provincial ha apuntado lo "curioso" del momento político escogido para investigar el funcionamiento de estos ayuntamientos valencianos, teniendo en cuenta "este servicio se lleva prestando 30 años sin ningún problema; qué casualidad hace ahora un año hubo elecciones y se han producido cambios en muchos ayuntamientos. ahora es cuando efectivamente la Inspección de Trabajo va" a ellos.

"Yo no sé si hay intencionalidad política, --ha señalado a preguntas de los medios-- no quiero pensar mal pero al final como diputada me toca pensarlo porque en 30 años no ha habido ningún problema". "Qué casualidad que en Castellón, donde también se presta este servicio hace 20 años no están teniendo esta inspección, solo en la provincia de Valencia. Ahora libremente que piense lo que quiera". Tampoco está sucediendo en otros lugares de España, ha apostillado. En Alicante utilizan un sistema diferente.

García ha recordado que existen dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de 2009 y 2010 que desestiman las demandas de la Inspección de Trabajo sobre dos arquitectos técnicos del convenio de la Diputación con el Colegio de Aparejadores Arquitectos Técnicos de Valencia que prestaban sus servicios en los Ayuntamientos de Caudete de las Fuentes y en Fuenterrobles, y a los la Inspección pretendía encuadrar en el Régimen General de la Seguridad Social.

El TSJCV, ha explicado García, argumentó que no se puede cualificar como laboral la relación que mantuvieron los ayuntamientos con los aparejadores arquitectos porque no hay dedicación completa del arquitecto a la corporación municipal, la prestación de servicios solo se realizaba durante 2 horas a la semana, porque no hay exclusividad en la prestación de servicios y si bien el actor recibía una cantidad fija, esta se facturaba como una retribución mercantil.

No obstante, Inspección de Trabajo alega ahora posteriores sentencias del Tribunal Supremo (TS) "de unificación de doctrina, pero que no regulan casos parecidos a los que nos ocupan", señala la diputada.

Por su parte, el jefe de Asesoramiento Municipal, Enrique Moreno, ha lamentado la "falta de voluntad de diálogo" que encontraron en la reunión con el ITSS, que en su opinión está haciendo ITSS es "un totum revolutum", dado que alega sentencias de "casos específicos" de las que él, como jurista, "discrepa" que sean aplicables al caso valenciano.

En una de ellas, recuerda, se refiere a un técnico urbanista contratado 3 días a la semana que pasa a 5 días, que trabaja en dependencias municipales y con derecho a vacaciones y a días libres como el resto de funcionarios. En la provincia de Valencia sin embargo, trabajan "dos 2 horas semanales, facturadas con su IVA, y no tienen ningún derecho asimilado al funcionariado".

A través de los convenio de Diputación con 16 colegios profesionales, los estos técnicos "trabajan dos horas a la semana en cada ayuntamiento". Con este tiempo "se puede vivir, tampoco hay dependencia económica ni funcional porque se trata de casos diversos".

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