El portavoz del equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Málaga, Carlos Conde, ha afirmado en relación con el embargo de parte del edificio de Correos iniciado por el Patronato de Recaudación Provincial, que la Diputación, "como administración con más capacidad, está defendiendo el derecho legítimo de los pequeños ayuntamientos".
Además, ha incidido en que el Gobierno andaluz "debe de reaccionar" cuando se trata de pequeños consistorios "que están tratando de cobrar una deuda que tienen pendiente y que les impide el mantenimiento de los servicios públicos".
Conde, en declaraciones a los periodistas, ha incidido en que se trata de pequeños municipios "pero que tienen las mismas necesidades que los grandes de poder contar con al suficiencia financiera".
"Cuando los presupuestos municipales de cada administración se construyen en base a unos derechos, se hace bajo el interés y la intención de que esos derechos reconocidos ya, porque estamos hablando de impuestos, en este caso, se atiendan por parte de la administración competente", ha recalcado.
En este sentido, ha recordado que "los pequeños municipios buscan en la Diputación Provincial el amparo ante una administración grande como es la Junta de Andalucía", que, ha dicho, "en este caso, desatiende sus obligaciones fiscales para estos pequeños ayuntamientos, entiendo, de todos los colores políticos, y que, por consiguiente, hacen valer esos derechos".
Para Conde, "eso se pone en evidencia, al igual que se pone que la administración, en este caso provincial, lo haga valer o lo ha estado haciendo valer a través de los distintos mecanismos que tenemos las administraciones públicas".
El portavoz 'popular' ha incidido en que "habrá que esperar a ver lo que la Junta de Andalucía tiene establecido respecto a ese edificio y qué capacidad tiene la Administración autonómica de poder desatender sine die lo que era una obligación", que ha recordado, repercute "no en la Diputación Provincial, que es el mero intermediario, porque es el que le tienen delegado los impuestos los pequeños ayuntamientos".
"Entiendo que las administraciones se sentarán y hablarán de todos los mecanismos que puedan poner en marcha para, de alguna manera, conveniar y hacer compatible los intereses de uno y de otros", ha opinado.
Por otro lado, sobre cómo puede afectar la tramitación de los usos del inmueble, Conde ha incidido en que "ante un recurso plateado --en relación con el embargo-- habrá que estudiar cuál es el alcance del mismo y cuáles son los mecanismos que la Junta, en un momento dado, tiene para atender esta obligación".
"La Junta debe de reaccionar cuando se trata de ayuntamientos pequeños que están tratando, de alguna manera, de cobrar una deuda que tienen pendiente y que les impide el mantenimiento de los servicios públicos en los mismos", ha señalado.
Por ello, Conde ha confiando en que "la Junta reaccione y que pueda ir estableciendo, entre otros, un calendario de pagos". Lo que se pretende, a su juicio, "es una reacción al respecto" del Ejecutivo andaluz y que "está obligado a hacerla porque con mirar siempre para otro lado no se solucionan los problemas, al contrario, se pudren en el cajón".
Cuestionado, en concreto, sobre el Consistorio de la capital, que tiene ese problema con la Junta, y, sin embargo, ha optado por negociación y compensación, Conde ha dicho no conocer "qué exigible son los derechos que tienen la Diputación respecto a la Junta y lo que los propios ayuntamientos le vienen solicitando al ente supramunicipal", entidad, ha insistido, "instrumental para hacer valer esos derechos".
Así, ha detallado que en el caso del Ayuntamiento de Málaga "es que como Consistorio que somos nuestras relaciones son mucho más fluidas", ha afirmado, recordando que tanto con la Administración central como con la autonómica "tenemos otros muchos más mecanismos abiertos", citando, entre otros, los que tienen que ver con la dependencia, planes de empleo o convenidos en formación.
"Nuestras relaciones son mucho más económicas, amplias y abiertas como para establecer diálogos o resoluciones sobre una parte de la posible deuda de la Junta", ha explicado, por lo que, como ha añadido, cuando "nos sentamos con la Administración regional tratamos de hacer valer esas obligaciones que, sean tributarias o no, son debidas y existe esa reciprocidad donde nosotros, por una lado, tenemos que atender obligaciones, y por otro lado, ellos tienen que resarcirnos de esa situación".
Por ello, ha explicado, "nuestra financiación por parte de la Junta no viene por el lado tributario, sino que viene por otro tipo de actuaciones, y, por tanto, se entienden que existan más mecanismos con una mesa continua de trabajo a nivel técnico para poder resolverlo".
En este punto, ha recordado, no obstante, que han traído mociones donde "tratamos de poner en valor que la deuda de la Junta no puede ir creciendo sine die, que debe tener una tendencia de ir a la baja para que, aunque tengamos capacidad económica el Ayuntamiento de Málaga para asumir las obligaciones y pagos, no nos veamos abocados a una estrechez de tesorería porque la posible deuda de la Junta siga creciendo ilimitadamente".
El Patronato de Recaudación Provincial, dependiente de la Diputación de Málaga, notificó el pasado viernes a la Junta de Andalucía el embargo de parte del edificio de Correos por la deuda de 8,767.941,29 euros que el Gobierno andaluz tiene con la institución supramunicipal en 75 municipios.
En concreto, se han embargado tres plantas, con un total de 6.790 metros cuadrados, por el impago, acumulado desde 2006 y hasta hoy, del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), la tasa de basura, el canon de depuración y otros impuestos correspondientes a edificios que el Gobierno andaluz tiene en 75 pueblos malagueños tanto en suelo rústico como urbano, según ha podido conocer Europa Press
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