La portavoz municipal de IU-CA en La Algaba, María Isabel Fernández, ha manifestado a Europa Press que pese a la mencionada decisión de la Sección Séptima de la Audiencia, a través de un auto en el que ha sido ponente la juez Mercedes Alaya, "el procedimiento sigue adelante y no se ha archivado". "En el caso hay otras pruebas al margen de la grabación", ha defendido la concejal de IU, señalando además que el alcalde y las tres personas más investigadas en la causa, "siguen" figurando en ella "en calidad de investigados".
En su auto, consultado por Europa Press, la Sección Séptima de la Audiencia estima el recurso interpuesto por la defensa del primer edil, contra la resolución de agosto de 2016 en la que la juez de Instrucción número tres rechazó su petición inicial para que declarase la nulidad de dicha grabación sonora, de la que parte del caso.
De este modo, la Audiencia considera que, en este caso, con la grabación se ha "vulnerado" el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, por lo que decreta la nulidad y expulsión del procedimiento de la grabación en soporte CD que, aportada junto con la denuncia inicial, dio origen a la causa.
LA GRABACIÓN
En la conversación grabada y elevada a los juzgados, el alcalde de La Algaba trasladaba a una empleada municipal y militante socialista que en ese municipio "se está a los pies del PSOE", señalando que el Ayuntamiento adjudicó al padre de esta mujer un contrato municipal porque a él le salió "de la polla", porque había "más de 40 empresas" pujando por dicho contrato.
De su lado, el alcalde ya reconoció a Europa Press ser el autor de las declaraciones grabadas sobre las que se sustenta la investigación, pero las encuadró en una conversación derivada de un conflicto político con el entonces marido de la militante, asegurando que todas las contrataciones municipales están "bajo el paraguas de la legalidad", mostrando su "arrepentimiento" y pidiendo "perdón" por sus palabras.
El pasado mes de enero, el alcalde compareció como investigado ante la juez instructora y defendió que el Ayuntamiento adjudicó a la oferta "más ventajosa económicamente", es decir, "a la más barata", el contrato investigado, promovido en 2010 para comprar diez carros de basurero y un equipo de baldeo móvil.
EL ALCALDE SE DEFIENDE
Así, el alcalde explicó ante la juez que merced a los pliegos del concurso público convocado para contratar la adquisición de estos diez carros, la mesa de contratación, conformada por dos funcionarios habilitados nacionales y presidida por él mismo, propuso la adjudicación a la empresa perteneciente a las hermanas Elisa Isabel y Dolores Fátima Cano Gallardo, ambas investigadas también en el caso.
En ese sentido, defendió que el procedimiento de contratación fue acometido "perfectamente", o sea conforme a derecho, exponiendo que si en la documentación median dos facturas por el mismo concepto, fue porque la primera hubo de ser anulada por una incidencia contable relativa a la fecha de la emisión a finales de diciembre de 2010, y el hecho de que el pago del contrato fue acometido ya a comienzos de 2011.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios