IULV-CA insiste en la responsabilidad política en la formación de Susana Díaz y Maldonado por "negligencia y pasividad"

Durante su intervención ante el Pleno del Parlamento andaluz para defender la postura de IU ante el dictamen de dicha comisión de investigación, que se vota esta misma tarde, Cortés ha rechazado que la responsabilidad política se limite a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, como recoge el texto final.

La diputada de IU ha señalado que la acción negligente a la que se refiere "viene contrastada por el informe del Interventor General de diciembre del 2015, que recogía que las recomendaciones de los interventores provinciales no se llevaban a efecto", en esto, como ha relatado, "la responsabilidad máxima era de Susana Díaz y de Sánchez Maldonado".

"No compartimos hasta donde se queda el dictamen de la comisión, ni tampoco compartimos que haya documentos y trabajos de otras personas copiados en el dictamen, de personas que tienen ideología, la neoliberal", ha aseverado la representante de la coalición de izquierdas.

Cortés ha advertido que los trabajos de la comisión debían de servir para dar una explicación precisa a los andaluces de lo que ha ocurrido "en toda su extensión", así como para "poner mecanismos para que no vuelva a ocurrir y recuperar hasta el último céntimo defraudado", todo cuando ha criticado que "ni los gobiernos coetáneos ni el PSOE-A han sabido dar una explicación clara de lo que había pasado con estas políticas".

"El pueblo andaluz tiene el derecho a un buen gobierno y a una buena gestión del dinero público", ha sostenido Cortés, quien ha afirmado que con los cursos, la política del Ejecutivo andaluz se ha caracterizado por tener "una ausencia de coordinación política y una ausencia de evaluación porque no había objetivos que cumplir".

Además, la parlamentaria de IULV-CA ha advertido que la "falta estructural sempiterna de personal llevó a que hubiera un total de 8.500 expedientes sin revisar".

Por todo, Cortés entiende que se ha producido un "fraude político respecto del deber de buen gobierno y de la buena administración", cuando también ha señalado que estas políticas se gestionaban desde la misma Consejería desde la que se aplicó la política de los ERE.