Intervención desaconseja una remunicipalización del Servicio de Ayuda a Domicilio que los técnicos ven viable

Los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Gijón se han mostrado este viernes dividos sobre la posibilidad de remunicipalizar el Servicio de Ayuda a Domicilio, después de que los técnicos lo vean "total y perfectamente viable" la subrogación de las más de 200 trabajadoras, según Xixón Sí Puede (XSP), y de que la Intervención Municipal dictara un informe desfavorable por el alto coste económico que supondría el llevarlo a cabo, al pasar de 3,5 millones de euros actuales a más de siete millones.

A este respecto, la concejala de Xixón Sí Puede (XSP) en el Ayuntamiento de Gijón Nuria Rodríguez, en rueda de prensa en el Consistorio, ha destacado la viabilidad de la subrogación de las trabajadoras de acuerdo al informe de la Dirección General de Servicios del Ayuntamiento, aunque ha reconocido que queda "algún fleco" por decidir por parte del Gobierno local para saber la fórmula elegida.

Y en cuanto al informe de Intervención Municipal, en el que no ve favorablemente la propuesta de subrogación desde el punto de vista económico porque acarrearía más gastos, Rodríguez ha incidido en que el coste real de un buen servicio de ayuda a domicilio evidencia la situación laboral precaria actual de las trabajadoras, que de alguna manera influye para que no se dé el mejor servicio ni en la mejores condiciones. Para ella, el dinero público debe revertir en beneficio de los usuarios y de las trabajadoras de este servicio.

Asimismo, ha recalcado que el proceso de remunicipalizacion fue aprobado por mayoría en el Pleno, aunque ha reconocido que los informes de los técnicos no son vinculantes. Es por ello, que ha recalcado que se trata de una decisión política y de un compromiso que el Ayuntamiento adquirió.

Para ella, debe haber una apuesta "honrada y sincera" para mejorar este servicio por parte de Foro. El Gobierno local tendrá ahora que hacer una propuesta para llevar a cabo esta remunicipalización, y a partir de ahí los grupos políticos deberán pronunciarse. Ha augurado, en este caso, en que habrá quien no lo apoye y otros, como XSP, que sí lo hagan. De hecho, con base a los informes presentados, XSP presentará su propia hoja de ruta.

En cuanto a la disposición adicional número 27 de los Presupuestos Generales del Estado que limita la subrogación de personal en los procesos de remunicipalización, ha apuntado que está habiendo "movimientos" para cambiar algunas directivas, con referencia a las negociaciones de los grupos parlamentarios con el Gobierno central. En este caso, habrá que esperara a ver si se aprueban los PGE sin cambios, porque entonces habrá que dar una vuelta a este proyecto de remunicipalización.

Junto a ella ha intervenido la edil de XSP Estefanía Puente, quien ha destacado que se trata de un servicio fundamental para un sector de la población gijonesa, especialmente personas mayores. Dicho esto, ha apostado por llegar a otras personas que puedan beneficiarse de este.

DUDAS SOBRE LA SUBROGACIÓN

Por parte de IU, la edil Ana Castaño ha aludido al informe de la Intervención Municipal, que es desfavorable, al cifra en algo más de siete millones el coste del servicio, cuando ahora está en unos tres millones.

No obstante, habrá que llevarlo de nuevo al Pleno y previamente llevarlo a una Comisión en la que el Gobierno local lleve una propuesta formal. Castaño ha apuntado que IU ya había alertado de que era un proceso "complejo y difícil". Está prevista una próxima reunión de la Comisión la próxima semana, para llevar el asunto al Pleno del próximo mes de junio.

Según ella, probablemente no se ha acertado con el objetivo con el que se ha iniciado el proceso, además de considerar que hubo "una falta de rigor" por parte de Foro. IU prefiere, asimismo, guardar prudencia ante este proceso por el volumen de trabajadoras, algo más de 200, y por el tipo de servicio, que depende de la demanda de los usuarios y es por horas.

EN RIESGO LOS PUESTOS DE TRABAJO

A este tema se ha referido también la concejala del PSOE Marina Pineda, quien ha acusado al Gobierno local "marear y tomar el pelo a todos", principalmente a usuarios y trabajadoras, después de siete meses del acuerdo plenario si que esté cierta ni la posibilidad legal de la subrogación ni las consecuencias que esto tendría.

Según ella, si se subroga, pasarían a ser personal fijo-discontinuo, por lo que las plazas tendrían que convocarse y habría un riesgo cierto para las más de 200 trabajadoras. Ha llamado la atención, también, sobre la postura diferente entre los técnicos municipales, el secretario municipal, que no ve clara la subrogación, y la interventora municipal, que la ve muy cara.

Ha recalcado, además, que hay trabajadoras sin acreditación que no se sabe si podrían presentarse a una eventual convocatoria de plazas. A esto ha sumado que el próximo día 31 de octubre acabaría el actual contrato, y no se sabe si aceptara una prórroga mientras o bien se remunicipaliza el servicio o se saca una nueva contratación. Pineda ha señalado que el plazo mínimo para una licitación pública de esta envergadura es de ocho meses.