En una respuesta a una pregunta en comisión parlamentaria, la consejera ha recordado que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ya comprometió los plazos "que se van a cumplir en el período establecido", de manera que "la intención es someter el decreto a la audiencia obligada la semana próxima", para que así "haya un tiempo suficiente para que se cumplimenten las obligaciones de cualquier texto reglamentario y antes del primer semestre podamos cumplir con ese compromiso".
La consejera ha recordado que esta oficina se ocupará de "la prevención e investigación de casos concretos de uso irregular de fondos públicos, de destino anómalo de los mismos y de aprovechamiento irregular que pudiera conllevar conflictos de intereses y del uso en beneficio privado de información que se deriva de la función propia el personal al servicio del sector público".
Ha explicado que esas tres áreas "son las que cualquier organismo internacional pone el acento a la hora de evitar desviaciones por parte de los que trabajan con recursos públicos o información pública".
De esta forma, según precisa, la Junta "pondrá el acento en la prevención, que será la línea en la que hay que actuar en primera instancia", para lo que cual establece una batería de medidas que se pueden contemplar "desde la colaboración con las autoridades en la lucha contra el fraude, con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y todas las iniciativas que se lleven a cabo desde autoridades estatales".
También será muy exhaustiva en formación de los empleados públicos, para que "cuando se comprueben acciones objeto de prevención se puedan poner en conocimiento de la oficina, que se dote de todas las herramientas para poder investigar y se pueda instar al cumplimiento e incluso establecer sanciones que correspondan si se demuestran los hechos probados".
Por su parte, el diputado de Ciudadanos Carlos Hernández White ve "una buena noticia que los plazos se vayan a cumplir, pues no queremos que haya más casos de corrupción en Andalucía".
Ha pedido que esta oficina "no sea controlada ni por cargos políticos ni de libre designación sino que sena funcionarios los que la controlen", algo con lo que coincide la consejera.
Hernández White pide que la fiscalización de la oficina antifraude "se extienda a entes instrumentales, agencias y administraciones locales" y que se investiguen denuncias anónimas con visos de realidad y que alerten de irregularidades". En ese punto la consejera recuerda que la Junta no tiene competencias sobre las corporaciones locales.
Además reclama que "tenga medios humanos y técnicos suficientes para realizar su labor con máxima eficacia", algo que también comparte la consejera.
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