Nuevos indicios cercan al diputado del PP Bartolomé González por el cobro de una mordida de 60.000 euros

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aporta en un informe incluido recientemente al sumario del caso 'Púnica' varios indicios que apuntan a que el diputado del PP en la Asamblea de Madrid y exalcalde de Alcalá de Henares, Bartolomé González, pactó el cobro de una 'mordida' de 60.000 euros por la adjudicación del contrato de Cofely en su municipio. La investigación confirma así la confesión realizada en su día por el empresario y presunto cabecilla de la trama David Marjaliza ante el instructor del caso, Eloy Velasco.

El informe, que tiene fecha del pasado 9 de septiembre y al que ha tenido acceso Europa Press, señala que Pedro García Pérez, director de mercado público en Cofely - empresa de eficiencia energética filial de la multinacional francesa GDF Suez-, habría acordado el pago de 60.000 euros con González.

Concreta que desde Cofely se pudo utilizar la mercantil Construcciones y Reformas de la Peña S.L. "instrumentalmente, con el único fin de generar una factura falsa por importe de 60.000 euros para la ejecución de unas obras en instalaciones municipales de Alcalá de Henares (Madrid)".

Así se presume, según detalla el informe, del hecho de que la factura emitida por esta mercantil "refleje actuaciones inexistentes" y que no conste en el Ayuntamiento de Alcalá que la empresa de eficiencia energética haya subcontratado a la constructora.

DISCULPAS DE COFELY POR EL RETRASO EN LA 'MORDIDA'

Añade la Guardia Civil como indicio otro detalle, que el ejecutivo de Cofely "pidiera disculpas por el retraso en el pago de esa factura a David Marjaliza", tal y como han podido acreditar los investigadores. Ante el titular del Juzgado Central de Instructivo número 6, Marjaliza señaló que no recordaba si la mordida se acabó pagando o no, "pero el acuerdo estaba y estaba con Bartolo" (en alusión al alcalde).

El informe también recuerda que Marjaliza confesó al juez "que los pagos a políticos los hacía él, y que en los primeros meses del contrato público, cuando había que hacer obras recuperaba esos adelantos hinchando el precio de las facturas de Construcciones y Reformas de la Peña S.L".

Otro de los jefes de Cofely, José Antonio Hernández Pérez, habría elaborado el presupuesto de Construcciones y Reformas de la Peña para la realización de diversas obras en el municipio. El citado presupuesto ascendió a 60.000 euros y la factura -sin IVA-, fue remitida al Consistorio a pesar de que en la Dirección de área de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Alcalá la empresa no figura en la relación de subcontratas utilizadas por Cofely.

El informe señala incluso a la autora de dicha factura, que fue Ana Ramírez, secretaria y persona de confianza de Marjaliza, pues era quien elaboraba las facturas que la Constructora De la Peña emitía a Cofely. Concluyen los investigadores que el propietario de esta empresa era conocedor del uso interesado que David Marjaliza hacía de la mercantil".

REUNIONES CON EL ASESOR JURÍDICO MUNICIPAL

En el mismo informe, la Guardia Civil dice que el ejecutivo de Cofely Pedro García participó en la fase de preparación del contrato en Alcalá de Henares y que para ello mantuvo reuniones con el asesor jurídico en el Ayuntamiento Fernando García Rubio, aprovechándose de su condición de éste como miembro de la Mesa de Contratación para dirigir la licitación en beneficio de su compañía.

También se apunta en el informe al Gerente del Instituto de Planificación y Gestión Ambiental del municipio David Larrazabal, con quien se habría concertado otra responsablee Cofely España -Gaela Hamón- para la elaboración del contrato.

Además, en algunos correos electrónicos de trabajadores de Cofely incautados por la Guardia Civil éstos presumen de su acceso a una persona del Ayuntamiento de Alcalá a la que se refieren como "el Jefe", lo que según la UCO les hubiera permitido "influir en la prepreparación de la adjudicación del contrato en beneficio de Cofely".