La portavoz del Grupo popular de la Diputación de Sevilla, Virginia Pérez, ha considerado "curioso" que la institución haya "aprovechado el mes de agosto" para su personación en las diligencias judiciales incoadas contra el alcalde de La Algaba, Diego Manuel Agüera Piñero (PSOE), por posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos respecto a una subvención provincial. Pérez insiste en que si Diego Manuel Agüera "no dimite", los socialistas deben "quitarle el acta de diputado provincial".
En declaraciones a Europa Press, Virginia Pérez ha precisado que la Institución provincial tendrá que dar cuenta de esta decisión en el pleno o la correspondiente "comisión informativa", si bien ha lamentado especialmente que la personación de la Diputación en esta causa judicial se haya decidido y formalizado "en agosto, aprovechando el culmen de las vacaciones".
Dado que la causa deriva de la grabación en la que el primer edil y diputado provincial habla de la adjudicación de contratos municipales a un empresario por el hecho de ser el padre de una militante socialista y el propio Diego Manuel Agüera figura ya como investigado en tales diligencias, la dirigente popular ha recordado la "gravedad" de las declaraciones contenidas en dicha grabación. "Diego Manuel Agüera debería haber dimitido y si no lo hizo, Fernando Rodríguez Villalobos tendrá que actuar no sólo como presidente del PSOE de Sevilla, sino también como presidente de la Diputación", dice Virginia Pérez, según la cual los socialistas deberían "quitarle el acta de diputado" a Agüera.
Además, avisa de que la Diputación provincial, de cuyo plenario forma parte el propio alcalde de La Algaba, decide personarse en las actuaciones judiciales emprendidas contra Agüera, precisamente "como parte perjudicada". "Entramos en un esperpento", ha dicho opinando que el Gobierno provincial socialista "no puede seguir soplando y sorbiendo la sopa al mismo tiempo" y reclamando una vez más medidas sobre Diego Manuel Agüera.
NOVEDADES SOBRE LA ALGABA
A través de una resolución emitida el pasado 10 de agosto y recogida por Europa Press, la Institución provincial da cuenta de la comunicación cursada por la citada instancia judicial en cuanto a las diligencias incoadas contra Diego Manuel Agüera Piñero. El juzgado, como hemos informado, ha detectado "indicios" de posibles delitos de prevaricación y malversación con relación a una contratación formalizada en 2010 por el Ayuntamiento de La Algaba, para la adquisición de diez carros de basureros y un equipo de baldeo móvil.
La contratación investigada, en ese sentido, fue financiada con cargo a una subvención otorgada por la Diputación de Sevilla al Ayuntamiento de La Algaba, el 13 de agosto de 2010. Según la juez instructora del caso, de los términos de la investigación efectuada por la UCO "se desprende que dicha contratación pudo hacerse con fines de enriquecimiento de la empresa" de la que eran titulares dos hermanas a las que cita como investigadas, "tras haberlo ofrecido verbalmente al padre de éstas, aún suponiendo ello mayor coste para el Ayuntamiento tal y como se desprende de determinados extremos de la grabación" que dio inicio a la causa y que figura transcrita en un atestado de la UCO.
"LOS INTERESES PROVINCIALES"
Dado el caso, y merced al dictamen de los servicios jurídicos de la Institución provincial, para "posibilitar el conocimiento de lo actuado e instar, en su caso, la práctica de diligencias que puedan convenir a los intereses provinciales", la Diputación ha decidido personarse en estas actuaciones judiciales "como parte perjudicada".
En el auto en el que la juez de Instrucción Patricia Fernández Franco citaba como investigado al alcalde de La Algaba, recogido por Europa Press, se señala entre otros aspectos "la inmediatez con la que se amplía el objeto social" de la empresa Materiales de Construcción Romecan S.L., las "irregularidades en la entrega de los carros, la falta de justificación y contradicciones de quienes han declarado hasta la fecha sobre el número de unidades realmente entregadas y el eventual sobrecoste vinculado a esta operación".
POSIBLE "PERJUICIO" A LAS ARCAS PÚBLICAS
Para la juez, la operación, siempre presuntamente, "pudo generar un perjuicio para las arcas públicas, teniendo en cuenta que la adquisición de hizo con fondos procedentes de una subvención de la Diputación Provincial y que, a día de hoy, no consta de forma fidedigna si los carros llegaron a entregarse en su totalidad o no".
De su lado, el alcalde ya reconoció a Europa Press ser el autor de las declaraciones grabadas sobre las que se sustenta la investigación, pero las encuadró en una conversación derivada de un conflicto político con el entonces marido de la militante, asegurando que todas las contrataciones municipales están "bajo el paraguas de la legalidad", mostrando su "arrepentimiento" y pidiendo "perdón" por sus palabras.
En la conversación grabada y elevada a los juzgados, de cualquier modo, el alcalde de La Algaba trasladaba a una empleada municipal y militante socialista que en ese municipio "se está a los pies del PSOE", señalando que el Ayuntamiento adjudicó al padre de esta mujer un contrato municipal porque a él le salió "de la polla", porque había "más de 40 empresas" pujando por dicho contrato. "Hay más de cuarenta empresas y se la di a tu padre", asevera el alcalde en la grabación investigada.
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