Según datos del 30 de junio de 2017 --fecha límite para el pago del servicio por parte de los municipios-- facilitados por el PP en rueda de prensa, la deuda total que arrastra el área de Medio Ambiente de la Diputación en el apartado del tratamiento de residuos es de 5,7 millones, de los cuales, "5,5 corresponden exclusivamente a gobiernos socialistas".
El portavoz del grupo 'popular', José Robles, ha puesto varios ejemplos como el Ayuntamiento de Albolote, con una deuda de 198.000 euros; Montefrío, 50.000 euros; Salobreña, 182.000 euros; Santa Fe, 169.000 euros; Albuñol, 59.000 euros; o Cenes de la Vega, con una deuda de 83.000 euros.
Sin embargo, el portavoz 'popular' ha insistido en que es el propio gobierno socialista en la Diputación de Granada el que está "colaborando de manera entusiasta" en el "hundimiento" de este servicio. José Robles ha indicado que, entre otros, el vicepresidente primero de la Diputación y alcalde de Baza, Pedro Fernández, acumula una deuda de 219.000 euros; la diputada provincial de Bienestar Social y concejal de Cúllar Vega, Olvido de la Rosa, 82.000 euros de su municipio; y la diputada de Desarrollo y primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Granada, Ana Muñoz, 2,6 millones de euros del año 2017 y 896.000 euros de 2016, que superan los 3 millones de euros.
Asimismo, "la vicepresidenta tercera de la Diputación, María Ángeles Blanco, responsable del servicio de tratamiento y la persona que tiene que exigir a los ayuntamientos el pago del servicio, tiene una deuda, como alcaldesa de Órgiva, de 58.000 euros que no ha pagado por el servicio que gestiona y supervisa".
Robles ha agregado que esta deuda financiera viene a confirmar las advertencias que los 'populares' ya hicieron cuando el presidente de la Diputación, José Entrena, "fulminó" el sistema de cobro del tratamiento de residuos implantado por el Partido Popular sobre que volvería el "caos" y la "inestabilidad" del servicio.
Según el dirigente del PP de Granada, Entrena se comprometió a que "todos los ayuntamientos iban a pagar en tiempo y forma, pero no solo no les cobra, sino que no toma ninguna medida de las que recoge el reglamento para hacer efectivo el cobro y que van desde pedirle a la Junta de Andalucía que les retenga la Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma, devolver las competencias a estos ayuntamientos o cerrar la planta de tratamiento de residuos".
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