El concejal de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, Pablo Soto, ha insistido en que no se dilapidará dinero público en las consultas ciudadanas, y que se apostará por la reutilización de todos los materiales siempre que esto sea posible.
Así, se han comprado urnas, que se instalarán "con las manitas" de los trabajadores del Ayuntamiento, es decir, no se contratará a una empresa externa para el proceso. No ha podido detallar el coste de las urnas, que se emplearán para futuros procesos participativos, pero sí que no han superado los 18.000 euros por ser un contrato menor.
En la misma línea van las banderolas, que informarán del proceso general y no de propuestas concretas. También se han comprado tablets para chequear el proceso. Lo más caro será el envío de cartas que, en el mejor de los casos, podría alcanzar los 600.000 euros si el franqueo de misivas fuera la vía empleada por todos aquellos que pueden votar.
Para Manglano, las cifras de participación logradas hasta ahora son un "fracaso", y ha puesto como ejemplo el proyecto de la Plaza de España. En esta ocasión, ninguna iniciativa popular ha llegado a ser votada por el 2 por ciento del censo madrileño, que era lo exigido inicialmente para poder ser sometido a consulta.
Por último, Manglano se ha preguntado si en esta ocasión "Ahora Madrid va a respetar la intimidad de los madrileños, algo que no hizo en su anterior envío masivo, lo que llevó al PP a presentar una demanda ante la Agencia de Protección de Datos, que la pasada semana dio la razon a los populares y supuso un aviso para el ejecutivo de Carmena".
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