En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, los populares --que ya anunciaron recientemente que emprenderían acciones judiciales si no recibían las explicaciones oportunas-- piden a Fiscalía que inicie una investigación para esclarecer los hechos denunciados y, de acuerdo con el resultado, presente una denuncia en el juzgado competente.
En la denuncia se explica que Jordi Juan, en compañía del concejal de Turismo, Josep Llácer, viajó del 5 al 8 de julio a Burgos a visitar los yacimientos arqueológicos de Atapuerca, acompañado de un vecino de la localidad y asesor en la Diputación; de la edil de Bienestar Social y de tres familiares de los dos primeros.
Para ello emplearon dos vehículos: uno propiedad del consistorio y otro del edil Llácer y se alojaron en un hotel de cuatro estrellas. La contratación del establecimiento se hizo a través de una agencia de viajes con sede en Valencia.
Según consta en la denuncia, ambos ediles presentaron el 19 de julio ante la Intervención de Ayuntamiento sendas hojas para pedir el cobro de los gastos de viajes, en los que incluían 239 y 266 euros de kilometraje por parte de Jordi Juan y Josep Llácer respectivamente. El 28 de julio cobraron ese dinero. La otra concejal no entregó hoja de gastos.
El vehículo municipal, presuntamente conducido por el alcalde, fue denunciado por la Guardia Civil el 8 de julio por exceso de velocidad. La multa llegó al consistorio el 21 de julio, momento en el que el edil de Hacienda, Perfecto Benavent, quien se identificó a sí mismo como conductor, aprobó la sanción y ordenó el pago al Ayuntamiento.
El pago de la multa se verificó por el Ayuntamiento el 27 de julio. El 12 de agosto llegó la factura por importe de 563 euros expedida por la agencia de viajes, que al parecer fue rechazada por el jefe de Gabinete. En la denuncia se hace constar que se desconoce la razón de la facturación de los servicios al consistorio, quién facilitó los datos fiscales para emitir la factura, quien dio la orden de remisión y si finalmente ha sido rectificada y pagada por el alcalde.
INTERVENCIÓN ADVIRTIÓ DE IRREGULARIDAD
Asimismo, se indica que el 19 de agosto la Interventora Muncipal advirtió la irregularidad de los gastos asumidos y pagados por el Ayuntamiento sobre la multa de tráfico y los gastos de kilometraje. Ese mismo día, el primer edil realizó sendas transferencias a cuenta del consistorio y reintegró las cantidades.
Para el PPCV, los hechos atribuidos al alcalde constituyen dos delitos de malversación mientras que al edil Llácer le considera responsable de uno de ellos y al concejal de Hacienda le achaca además prevaricación y usurpación de estado civil.
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