Conejo, que ha visitado el centro de mayores Encarna Cantero de Marbella (Málaga) junto a la primera teniente de alcalde del ayuntamiento y vicesecretaria general del PSOE local, Blanca Fernández, y la viceportavoz socialista en la Diputación, Estefanía Merino, ha resaltado que el Gobierno andaluz ha aprobado durante 2016 el I Plan de Prevención de la Dependencia y la Promoción de la Autonomía Personal 2016-2020, que prevé una inversión de 1.765 millones.
Este miércoles se cumple el décimo aniversario de la aprobación de la Ley de Dependencia, una ley que "Andalucía ha demostrado que es sostenible y supone una auténtica inversión social: genera retornos sociales y económicos y es un impulso para el empleo". En concreto, en la Comunidad andaluza se han creado más de 45.500 empleos, destacando los más de 18.000 empleos creados por el Servicio de Ayuda a Domicilio.
Conejo ha recalcado que desde Andalucía se ha impulsado un Pacto de Estado en Defensa del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, propuesto al Gobierno de España, para garantizar su futuro.
Dicho pacto, ha explicado, se articula en ocho ejes: financiación garantizada y suficiente; impulso de servicios de calidad profesionalizados; responsabilidad pública y proximidad; un baremo más idóneo; simplificar y agilizar el procedimiento; impulsar la efectiva coordinación de los servicios sociales y sanitarios; transparencia y participación, y garantías democráticas y estabilidad normativa.
ANDALUCÍA FINANCIA EL 78% DEL SISTEMA
En esta década, en Andalucía se ha atendido a más de 371.600 personas con 488.300 prestaciones, liderando la aplicación de dicha ley con 185.000 personas atendidas y 239.000 prestaciones concedidas, el mismo número que Madrid, Galicia y Murcia juntas.
Igualmente, ha incidido en que la Junta de Andalucía financia más del 78 por ciento del sistema y el Estado menos de un 22 por ciento, "a pesar de que la ley marcaba el compromiso de financiación del 50 por ciento entre ambas administraciones".
"De 2012 a 2016 el Gobierno del PP nos ha recortado 508 millones de euros en la financiación para las personas en situación de dependencia", ha criticado. Según ha señalado, a este importe hay que sumarle otros diez millones de euros que la Comunidad Autónoma ha dejado de percibir por el pago de la teleasistencia avanzada para las más de 20.000 personas en situación de dependencia moderada.
Los socialistas calculan que con la deuda total del Gobierno se podrían haber atendido a 105.000 personas más. Además, ha indicado que han registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley (PNL) para revitalizar la Ley de Dependencia y exigir al Gobierno "que cumpla con su obligación" con estas personas.
Dicha iniciativa tiene dos ejes: que el Estado financie su 50 por ciento y que recupere la cotización a la Seguridad Social para las cuidadoras familiares, 10.000 en el caso de la provincia de Málaga, mujeres en su mayoría.
"Los socialistas queremos garantizar el cuarto pilar del Estado del bienestar, garantizar en definitiva que la Ley de Dependencia sea un derecho fundamental de todos los ciudadanos de este país", ha finalizado Conejo.
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