Ante las diversas fugas de internos que han tenido lugar en el CIE de Sangonera y tras las "numerosas manifestaciones de preocupación de la ciudadanía de la zona y de diversos colectivos sociales", los concejales del Grupo Municipal Socialista han pedido al delegado del Gobierno, Antonio Sánchez Solís, una visita "urgente" a este centro de internamiento de extranjeros para comprobar 'in situ' "si se cumplen las medidas de seguridad, dignidad y sanidad adecuadas".
Larrosa ha indicado, tras hacerse eco de las denuncias del Sindicato Unificado de Policía (SUP), que "el CIE de Sangonera no parece contar con las mínimas condiciones que garanticen la seguridad de los internos, ni de los agentes que allí trabajan, ni tan siquiera de la población de Sangonera que vive cada fuga con desconcierto e incertidumbre".
"Nuestra preocupación por este tema corresponde a que el CIE se encuentra en el municipio de Murcia y afecta e interesa a los vecinos y vecinas que viven cerca", indica.
Por su parte, la edil socialista, Susana Hernández, ha denunciado que "llegan noticias de que los internos no disponen de las condiciones adecuadas de dignidad y salud; se encuentran en una situación carcelaria cuando no han cometido un delito y, por estos motivos, le hemos pedido al delegado del Gobierno una visita urgente del Grupo Municipal Socialista al CIE de Sangonera".
Según ha informado Hernández, en el pleno de julio de 2015, el Grupo Municipal Socialista instó al equipo de Gobierno del Ayuntamiento a que pidiera una visita a este CIE "para conocer de primera mano la pésima situación en la que se encontraban los internos".
"Tras más de un año de espera, ante la pasividad del alcalde José Ballesta y su equipo, y dada la alarma social que las reiteradas fugas ha producido, desde el PSOE municipal exigimos poder visitar las instalaciones mientras no termina de cerrarse este centro como ha pedido el PSOE en reiteradas ocasiones", ha añadido la edil socialista.
Asimismo, en ese pleno, la edil Susana Hernández exigía al Ayuntamiento a instar al Gobierno de la nación a adoptar medidas que garantizasen el carácter no penitenciario de los centros de internamiento de extranjeros; el reconocimiento de todos los derechos que corresponden a las personas internadas, así como la adecuación de las instalaciones a las funciones legalmente previstas.
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