La declaración ha sido firmada por regidores de Artà, Sóller, Palma, Marratxí, Esporles, Capdepera e Inca, según han informado la plataforma.
Se trata de una de las acciones que el colectivo está llevando adelante con el objetivo de frenar la ratificación del CETA, aprobado por el Parlamento Europeo el mes de febrero y en espera de la ratificación necesaria por parte de los parlamentos estatales, federales y subfederales de los países de la UE.
Uno de los aspectos que critica esta declaración es que el Gobierno central quiera ratificar este acuerdo por "procedimiento de urgencia". En estos momentos, el Consejo de Ministros ya le ha dado el visto bueno y lo ha remitido al Congreso de los Diputados.
ACUERDO NEGOCIADO DE FORMA "CASI SECRETA"
Para los firmantes, la negociación de este acuerdo se ha realizado de "forma casi secreta". Por eso, consideran que "la urgencia en querer aprobarlo, el poco interés en que sea conocido y debatido por la ciudadanía demuestran el fondo oculto de este tratado", tal y como señala el texto de la declaración.
La declaración explica que tanto el CETA como el Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) y el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TiSA) forman parte de los denominados "tratados de nueva generación".
Se trata de acuerdos "aparentemente comerciales, pero que abren las puertas a rebajas de derechos laborales, reducciones de protecciones medioambientales, privatización de servicios públicos, rebajas del control de salud alimentaria, obstaculización a la contratación con cláusulas sociales, bloqueo al producto local...", continúa.
Los regidores han mostrado su preocupación, a través del texto, sobre la invasión en las competencias de las administraciones más cercanas a la ciudadanía que podría suponer.
En este sentido, han recordado que los tratados europeos se basan en el principio de subsidiariedad, lo que significa que ninguna administración superior puede usurpar competencias de otras "que es mejor que sean tratadas por las administraciones más cercanas a la ciudadanía".
Es decir, la UE puede negociar aranceles con otros países, pues existe una política comercial común, pero no puede introducir tribunales de arbitraje que obvien los tribunales de justicia de los estados.
PELIGRO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Por otra parte, los firmantes coinciden en su preocupación especial por "el intento de privatizar cada vez más los servicios públicos". Así pues, han puesto en manifiesto que el CETA persigue la "liberalización total" de los servicios públicos y "la apertura de prestaciones de los mismos a las empresas trasnacionales".
Por tanto, consideran que "pone en peligro" los servicios públicos y lleva a la "pérdida de libertad de los poderes locales para suministrar los servicios necesarios que permitan satisfacer las necesidades sociales".
La plataforma ha señalado que espera que en el futuro, nuevos cargos públicos se adhieran a la declaración y que llevará a los ayuntamientos una propuesta de moción específica contra el CETA.
Por su parte, los regidores presentes han acordado crear una red para coordinar los diferentes municipios contra los tratados CETA, Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) y el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TiSA) y por la defensa de los servicios públicos "amenazados" por estos.
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