El primer edil, junto al teniente de alcalde, cuatro concejales, el arquitecto municipal y la secretaria del Ayuntamiento de entonces están acusados de un delito de prevaricación medioambiental (a todos ellos les reclama tres años), mientras que el ministerio público también solicita tres años de prisión para el constructor por un delito contra la ordenación del territorio.
En el escrito de conclusiones provisionales, el fiscal relata que el 21 de abril de 2006 el constructor solicitó al Ayuntamiento de Sueras licencia para construir una vivienda unifamiliar aislada en parcelas que se encontraban en suelo no urbanizable común y estaban incluidas dentro del ámbito del parque natural de la Sierra de Espadán, para lo que aportó un proyecto básico.
En julio de 2008, el arquitecto municipal, sin disponer de los informes previos preceptivos, de manera "escueta e infundada" informó favorablemente a tal petición. El 30 de enero de 2009, según el fiscal, "de manera totalmente arbitraria", el pleno del Ayuntamiento, a la vista del anterior informe y del que emitió la comisión de obras, acordó por unanimidad conceder la licencia de obras, si bien condicionada a la obtención de los informes favorables de la Generalitat y a que antes de iniciarse las obras se presentara el correspondiente proyecto de ejecución.
El 31 de julio de 2009, el jefe del servicio territorial de Urbanismo informó favorablemente en relación al proyecto, pero condicionando la autorizació a que, además del planeamiento para dicha clase de suelo, se cumpliera con las determinaciones establecidas por el servicio territorial de Medio Ambiente, concretamente que se tratara de la vivienda de un agricultor profesional, pero nunca una vivienda de segunda residencia, por lo que la vivienda debía quedar ligada a prácticas agrarias o forestales.
AGRICULTURA NO ERA COMPETENTE
La Conselleria de Agricultura aseguró en un documento que no era competente para emitir un informe para esta actuación y que, en caso de que se quisiera vincular la vivienda a la explotación agraria habría que aportar la documentación necesaria.
A pesar de que dicho documento entró en el Ayuntamiento en octubre de 2009, y ser "público y notorio" que el constructor no era agricultor profesional, el 29 de enero de 2010, el consistorio "de manera totalmente arbitraria y clamorosamente contraria a la legalidad vigente" concedió la licencia solicitada.
En 2010, según el ministerio público, agentes del Seprona de la Guardia Civil inspeccionaron la edificación y constataron que la vivienda no coincidía ni en volumen ni en superficie con el proyecto básico.
Tanto el alcalde como el resto de concejales acusados han declarado en el juicio que concedieron la licencia basándose en los informes favorables existentes y de forma condicionada. El primer edil ha señalado que el constructor comunicó al Ayuntamiento de forma oral y escrita que quería vincular la vivienda a prácticas agrarias y que ésta fuera su primera residencia.
Así mismo, el alcalde ha señalado que el consistorio carece de medios para poder controlar si la vivienda que se estaba construyendo cumplía los requisitos y que cuando tuvieron incidios de que no se cumplían paralizaron la obra. Además, ha explicado que aunque normalmente el tiempo para conceder una licencia es de dos a tres meses, en este caso la tramitación duró dos años "porque pedimos todos los informes previos".
NINGUNA SANCIÓN
Además, el primer edil ha indicado que por parte de Medio Ambiente no se notificó al Ayuntamiento que se hubiera hecho algo "deficiente", ni recibieron ninguna sanción por este caso.
Por otra parte, la entonces secretaria del Ayuntamiento ha subrayado que el informe de Medio Ambiente fue el que determinó la concesión de la licencia, "y no podíamos denegarla porque era vinculante".
El constructor acusado, por su lado, ha declarado que la vivienda era para uso agrícola, pues quería irse a vivir allí con su familiar para convertirla en vivienda habitual. Así mismo, ha explicado que él aportó "rigurosamente" al Ayuntamiento todo lo que le iban solicitando y que siempre ha obrado "de buena fe".
Finalmente, el jefe del equipo de investigación del Seprona ha relatado que cuando constataron que la vivienda no coincidía con el proyecto básico y no tenía características de una construcción agrícola se trasladaron las actuaciones al fiscal. El juicio continuará este viernes.
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