Tres agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han ratificado este lunes ante el magistrado del Tribunal Supremo Antonio del Moral el informe que entregaron en su día en la Audiencia Nacional que concluye que la exalcaldesa de de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, del PP, participó en la adjudicación de contratos irregulares en 2004 a las empresas del presunto cabecilla de la trama 'Gürtel', Francisco Correa, a través de un procedimiento sin publicidad y recabando la documentación de las sociedades cuando ya habían sido ejecutados sus trabajos.
Del Moral, que investiga a la ahora diputada por los delitos de prevaricación administrativa y falsedad en documento público, ha interrogado también este lunes a tres testigos sobre este asunto, uno de ellos el que fuera teniente de alcalde y delegado de Promoción Ciudadana de Jerez en el momento de los hechos, quienes han negado la comisión de irregularidades en este expediente según han informado fuentes jurídicos.
El informe de la UDEF, que fue remitido en su día al que fuera instructor del caso 'gürtel' en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, explica que los hechos se remontan a la última semana de enero de 2004 cuando el Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Jerez, bajo la tutela de este Ayuntamiento, adjudicó de forma "irregular" varios contratos a dos sociedades de Correa para el montaje de un pabellón en Fitur y de espectáculo ecuestres y flamencos, por valor de 214.027 euros.
Special Events y Down Town Consulting se hicieron con un contrato negociado sin publicidad para la organización del stand de Jerez en Fitur de 2004 --valorado en 162.806 euros--, de otro para el acondicionamiento de la Plaza Mayor de Madrid de un espectáculo ecuestre --por 39.366 euros-- y de uno para la celebración de un espectáculo flamenco en el Parque del Retiro, por importe de 11.855 euros.
LAS FECHAS DE LOS CONTRATOS NO SE CORRESPONDÍAN A LA REALIDAD
Los investigadores han ratificado este lunes en el Supremo, según las mismas fuentes que los empleados del Grupo Correa, Pablo Crespo, Isabel Jordan y Javier Nombela, efectuaron gestiones para la ejecución de estos eventos, "con anterioridad a que se hubiera establecido y llevado a cabo el procedimiento formal" de contratación por parte del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Jerez.
Las empresas entregaron a este organismo la documentación administrativa cuando los trabajos ya estaban ejecutados y había transcurrido "casi un mes" desde su finalización. Ello lleva a pensar a los investigadores que los contratos firmados entre las partes no se correspondían a la realidad y sus fechas solo intentaban "dar una apariencia de legalidad" al procedimiento.
El nombre de García-Pelayo, en calidad de alcaldesa y presidenta de este Instituto de Promoción y Desarrollo, en los contratos que dieron cobertura a los servicios llevados a cabo con las empresas de Correa. La UDEF precisa que consta su "antefirma y firma" en los documentos, pero sin embargo su rúbrica es la de otra persona autorizada.
La persona que daba asistencia a García-Pelayo era Manuel Andrés, en su calidad de secretario del Instituto de Jerez, y quien reflejó su "antefirma, firma y rúbrica". El exdiputado del PP y actual vicepresidente segundo y responsable del Área de Cooperación Municipal, Infraestructuras y Medio Ambiente de la Diputación de Cádiz, Bernardo Villar, también rubricó los contratos.
Igualmente ha ratificado su informe ante el magistrado Del Moral un perito de la Intervención General del Estado (IGAE), dependiente de Hacienda, quien según las defensas ha salvado uno de los pagos realizados que según esta parte en todo caso ya estaría prescrito.
TESTIGOS
Al término de las declaraciones de los testigos, que se han extendido durante unas tres horas, Villar ha eludido hacer declaraciones a las puertas del Supremo sobre el contenido del interrogatorio, y se ha limitado a señalar que lleva muchos años fuera de la política debido a que se encuentra enfermo.
Igualmente han comparecido los trabajadores del Gabinete Técnico de la Presiencia de la Alcaldía María Antonia Prado Peinado y José Antonio Repeto González, quienes han eludido a los periodistas que les esperaban a las puertas del alto tribunal.
Durante su declaración como investigada el pasado 22 de febrero ante el Tribunal Supremo, García Pelayo negó que ella firmara los contratos realizados para Fitur 2004 que fueron cerrados por el consistorio con empresas de la trama "Gürtel" por importe de 355.000 euros. Se limitó a señalar a las puertas del Supremo que como "todos saben" los alcaldes no firman los expedientes.
García Pelayo concurrió como número dos a la cámara baja por Cádiz, donde los populares han obtenido tres escaños. Era senadora del PP en la pasada legislatura, por lo que mantiene el fuero del que ya disfrutaba.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios