Según indica la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la asociación vecinal de la barriada hispalense de Macarena Tres Huertas --enclavada en el Distrito Macarena-- ha denunciado a las referidas discotecas, todas ellas situadas, en la Calle José Díaz, por "no contar con las medidas necesarias de aislamiento y prevención, mínimamente suficientes para evitar molestias, ruidos y contaminación acústica a los vecinos de la zona".
En concreto, la agrupación vecinal manifiesta que "desde hace más de dos años", los vecinos vienen padeciendo los jueves, viernes y sábados, "ruidos constantes y alteraciones que proceden de los tres locales indicados", a causa de "la deficiente insonorización de los recintos, así como que las puertas de los mismos se encuentren abiertas", generando así "un alto nivel volumétrico de sonido y ruido" que provoca a los vecinos "molestias acústicas".
"GRAN CONCENTRACIÓN DE JÓVENES"
Asimismo, denuncian "la gran concentración de jóvenes por la zona atraídos por las actividades de estos tres locales" que durante la madrugada "se dedican a beber en la calle, vociferar e incluso generar peleas", lo que provoca una situación de "estrés en los residentes, llegando a algunos a mal vender sus viviendas".
La agrupación vecinal, además, lamenta en la denuncia que pese "a las varias denuncias presentadas", el Ayuntamiento no ha procedido "al cierre o a la obligación de adaptación a los locales a la normativa en materia de ruidos que es incumplida". En este sentido, los vecinos censuran "la evidente y palmaria connivencia" del Consistorio con los referidos locales, así como que éste "desatienda los graves problemas de estrés y falta de descanso" de los residentes.
De esta manera, la Mancomunidad de Macarena Tres huertas denuncia a la Sala X, Sala Calle y Sala Even por un presunto delito de contaminación acústica, castigado con penas de prisión de seis meses a cuatro años, multa de ocho a 24 meses e inhabilitación de uno a tres años.
Igualmente, presenta denuncia contra los técnicos y personal designado por el Ayuntamiento en esta materia por un presunto delito de prevaricación pasiva, por no "haber actuado bajo el deber de responsabilidad que les compete por su cargo", así como contra el concejal delegado de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera (PSOE), por otro delito de prevaricación pasiva.
Y es que según la denuncia, "en su condición de máximo responsable en materia de seguridad ciudadana", Cabrera no habría adoptado las medidas "oportunas" frente a los jóvenes que asisten a las tres discotecas, "para el cese de 'botellonas' en estricto cumplimento de la normativa que prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública".
RESOLUCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO
En otro orden de cosas, la agrupación vecinal ha presentado junto con la denuncia una resolución del Defensor del Pueblo Andaluz, publicada en mayo de 2016 y dirigida a 762 ayuntamientos de Andalucía, que reflejaba "la inactividad que gran parte de los consistorios llevan a cabo sobre temas de contaminación acústica provocada por la emisión de música no autorizada en establecimientos de hostelería".
En ella, se recoge que la contaminación acústica "impide a la población residente en el entorno de los establecimientos emisores que disfruten de los derechos constitucionales a un medio ambiente adecuado, a la protección de la salud, así como a la intimidad en el seno del hogar familiar".
Esta vulneración de derechos exige, según el Defensor del Pueblo, una "respuesta clara y contundente por parte de los poderes públicos, de manera especial los gobiernos locales por cuanto son los que ostentan las competencias para controlar estas actividades y las de protección contra el ruido".
Continuando con esa línea, la resolución indica que "en no pocas ocasiones" instalaciones que incumplen la normativa "cuentan con informes técnicos y autorizaciones de los propios gobiernos locales otorgadas de manera indebida y que pueden dar lugar a la exigencia de responsabilidad administrativa e incluso penal de esa entidades".
Asimismo, se indica que no existe "la menor duda" de que si los ayuntamientos ejercieran "de formas eficaz y diligente" sus competencias en la autorización, disciplina y control de locales emisores de ruido, "no tendría lugar la inmensa mayoría de las graves y reiteradas vulneraciones que cometen, con total impunidad, un gran numero de establecimientos hosteleros".
Por ello, desde esta resolución, la oficina del Defensor del Pueblo considera que la "pasividad" y las "dilaciones administrativas" en las que reiteradamente se incurre, además de no evitar que "se violen los derechos constitucionales y sin perjuicio de la responsabilidad personal de los infractores", puede dar lugar a "responsabilidad patrimonial, con importantes consecuencias económicas para los ayuntamientos".
Finalmente, el Defensor del Pueblo Andaluz reflejó que sólo el 60 por ciento de los consistorios respondieron a la resolución, siendo "destacable la no respuesta del Ayuntamiento de Sevilla que, sin lugar a dudas, es la administración sobre la que se reciben más quejas motivadas por la contaminación acústica provocada por distintas causas por los establecimientos de hostelería".
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