La magistrada del Juzgado de Instrucción 2 de Barcelona ha citado a declarar como querellado al exconcejal de Urbanismo de Barcelona Antoni Vives, acusado por Fiscalía de usar fondos de Barcelona Regional (BR) para que dos cargos de la órbita de CiU hiciesen "labores de auxilio político o incluso proselitismo vecinal" del ideario de la formación.
Deberá comparecer el jueves 23 de febrero, el mismo día que están llamados los otros querellados en la causa: el entonces director general de BR, Guillermo Hugo Müller, y los cargos supuestamente colocados, el cantante de los Sírex y antiguo concejal de CiU, Antoni Miquel Cerveró 'Leslie', y el exalcalde de Cervelló (Barcelona), Jesús Arévalo.
La Fiscalía Anticorrupción cree que la entidad --de la que Vives era presidente del consejo de administración-- contrató a estos dos cargos para "tenerles a su servicio en actividades de naturaleza política" y que no hicieron ningún tipo de trabajo real para Barcelona Regional.
El fiscal considera que esta actuación puede ser constitutiva de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad.
El cantante cobró de BR entre 2014 y 2015 un total de 59.544 euros como "asesor ingeniero" en la 'Asesoría en el Plan de usos de la playa de Barcelona'; según el fiscal, el músico no tiene esta titulación universitaria y ese proyecto ni siquiera existía.
"Nunca compareció en BR, ni prestó servicio alguno para dicho ente, en el que resultaba completamente desconocido", sostiene el fiscal, que concluye que la única finalidad del contrato era enriquecer a Cerveró o, cuando menos, pagarle de forma encubierta servicios políticos.
El fiscal sostiene que Vives le contrató "dada su afinidad política y su acreditada desenvoltura en la difusión de las ideas del grupo CiU en el mundo vecinal" y porque al haberse jubilado en 2014 ya no podía seguir siendo 'personal eventual de asesoramiento' de la formación, trabajo por el que hasta entonces cobraba 48.947 euros brutos anuales.
LA DEDICACIÓN "EXCLUSIVA" DEL ALCALDE
Por su parte, Arévalo Bravo era entonces alcalde de Cervelló, donde teóricamente debía ejercer "en régimen de dedicación exclusiva" cobrando 46.275 euros anuales, según la querella presentada por la Fiscalía.
Pese a su dedicación exclusiva y a tiempo completo en Cervelló, Arévalo firmó el contrato laboral con BR "sin que en ningún momento de su mandato como alcalde se dignara siquiera a solicitar la compatibilidad para el desarrollo de otra actividad, pública o privada, ni comunicó su contratación al Ayuntamiento".
Arévalo cobró un total de 155.067 euros entre 2012 y 2015 en teoría para la 'Asistencia técnica al proyecto modelo urbano y metropolitano de dispersión de contaminantes' que, según el fiscal, nunca existió realmente.
Igual que en el caso del cantante, el fiscal cree que era "una mera pantalla para una percepción indebida de fondos públicos, o bien de la retribución encubierta de actividades meramente políticas encomendadas por el también querellado Vives".
Vives consiguió que Müller contratara a estas dos personas, y éste tenía "plena conciencia de que nunca iban a realizar para BR trabajos de ningún tipo", según el fiscal.
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