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Alcaldes del PP creen que la propuesta de PSOE y PRC para el suelo rústico no desbloquea las viviendas unifamiliares

SANTANDER, 28 (EUROPA PRESS)

Distintos alcaldes y representantes del Partido Popular en ayuntamientos de la región opinaron hoy que la proposición de ley presentada por PSOE y PRC para el suelo rústico es un "engaño" porque no desbloquea la construcción de viviendas unifamiliares en esos entornos.

Así lo manifestó en rueda de prensa el alcalde de Entrambasaguas, Rosendo Carriles, quien compareció acompañado del regidor de San Vicente de la Barquera, Julián Vélez; el de Arnuero, el diputado regional José Manuel Igual; y los representantes del PP en Marina de Cudeyo, Federico Aja; y Suances, Pedro Casanova.

Carriles explicó que con este propuesta de los grupos que apoyan al Gobierno "se está dando un mensaje equivocado", ya que en realidad no cumple el objetivo de desbloquear la construcción de viviendas al remitirse a la aprobación de planes especiales por parte de los Ayuntamientos, lo que requiere un "largo plazo de tiempo".

"Mal podemos creernos que en seis meses --el plazo propuesto por PSOE y PRC para los planes especiales-- o en un año se hagan 102 planes especiales", señaló el alcalde de Entrambasaguas, quien recordó el "atasco" de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) con la aprobación de los planes generales municipales.

Al respecto, el regidor de Arnuero, José Manuel Igual, consideró que la aprobación de planes especiales por los ayuntamientos en seis meses es algo "imposible", porque lleva el mismo proceso que un PGOU, salvo la fase de avance.

Por su parte, Carriles criticó la fórmula empleada para realizar el cambio en la Ley del Suelo, mediante una proposición de ley, que no permite informes ni la participación de los municipios, además de criticar la "arbitrariedad" que supone dejar los planes especiales en manos de la CROTU, donde a su juicio se pueden introducir, junto a los criterios técnicos y jurídicos, cuestiones políticas.

PROPUESTA DEL PP Frente a esto, el Partido Popular tiene una propuesta que permitiría el desbloqueo de la construcción en suelo rústico de manera "más inmediata" y que afectaría a un 75% de la población de vivienda unifamiliar, según defendió Igual.

El regidor de Arnuero afirmó que la propuesta 'popular' lograría hacerlo en un plazo de tres meses frente a los tres años que estima que implica el modelo socialista y regionalista, y ayudaría a pequeñas empresas locales del sector en plena crisis económica.

Se trata de un plan que, según detalló Carriles, desbloquea "directamente" la construcción sin necesidad de instrumentos posteriores, lo hace "inmediatamente" y además es igual para los 102 ayuntamientos, respetando su autonomía municipal y permitiéndoles adaptarlos a su conveniencia.

La propuesta 'popular' pasa por autorizar la construcción de viviendas unifamilIares en los suelos que se encuentren a un máximo de 500 metros del borde exterior de los suelos urbanos, al entender que son en esos núcleos donde se concentran los servicios y comunicaciones para la población.

Se diferencia en dos partes esa distancia, con distintas dimensiones de parcelas y vinculándolo a la reforestación. Se prohíben las viviendas colectivas, se contempla la necesidad de apoyarse en caminos existentes y harán falta informes de integración paisajístico y la autorización de la CROTU.

LEY DEL SUELO

El desbloqueo de la construcción de viviendas unifamiliares en suelo rústico fue una de las resoluciones aprobada con la unanimidad de todos los grupos parlamentarios en el Debate del Estado de la Región del año pasado.

Es algo que estaba paralizado desde 2001, cuando se aprobó, también por consenso, la Ley del Suelo, que fijaba un plazo de nueve meses para aprobar un Plan de Ordenación del Territorio (PROT), figura que para el PP regularía mejor estas cuestiones, en lugar de la enmienda que el PRC ha presentado a su propia proposición para crear un Plan Especial que sirva de base a los ayuntamientos.

Igual señaló que el PROT, que el PP estaba "en condiciones" de aprobar antes del cambio de Gobierno de 2003, establecería las capacidades máximas de crecimiento de los municipios, y que su falta hace que los Ayuntamientos revisen su planeamiento "a ciegas".

Tras la formación de la coalición PSOE-PRC, se aprobó primero el Plan de Ordenación del Litoral y se retrasó el PROT, recordó. A esto, el alcalde de San Vicente de la Barquera, Julián Vélez, añadió que, frente al consenso de 2003 en la Ley del Suelo, después se produjo un "cambio absoluto de criterio" por parte del Gobierno, que "alteró los acuerdos fruto del consenso en función de su interés particular".

Vélez incidió en que hay personas que gestionan el urbanismo tanto antes como después del cambio en el Ejecutivo cántabro.