Audiencia Granada reabre el caso del ex diputado del PP José Luis del Ojo por indicios racionales de prevaricación

GRANADA, 27 (EUROPA PRESS)

La Audiencia Provincial de Granada ha decidido reabrir el caso en el que se investigaba al ex diputado del PP José Luis del Ojo por supuesta contratación irregular de obras municipales en su etapa de concejal de Ogíjares (Granada), al considerar que existen "indicios racionales" de prevaricación por parte de éste.

El tribunal estima así parcialmente los recursos de apelación interpuestos tanto por el Ministerio Fiscal, como por el Ayuntamiento de Ogíjares (como acusación particular) y el PSOE (como popular) contra el sobreseimiento provisional de la causa acordado por el Juzgado de Instrucción número 5 de Granada.

La Sala, que analizó los recursos el pasado 23 de abril, mantiene sin embargo el archivo de la investigación para el ex alcalde de Ogíjares, Francisco Plata, puesto que a él no se le atribuye intervención alguna en la contratación de obras y en la fecha a la que se remontan los hechos, en agosto de 2005, se encontraba de vacaciones, ejerciendo Del Ojo las funciones de primer edil.

En el auto de la Sección Primera de la Audiencia Provincial, al que tuvo acceso Europa Press, los magistrados aluden al hecho de que Del Ojo contratase a dos empresas él personalmente para la realización de obras en una plaza y varias calles, "sin respetar ninguna de las normas de procedimiento que preveía la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas".

Ni siquiera se tramitó expediente aprobando el gasto e incorporando al mismo factura y presupuesto, señala la Sala, que incide además en que el objeto del contrato se fraccionó en cuantías inferiores a 30.050,61 euros "con el propósito de eludir los trámites que, para la contratación de obras por importe superior", impone la citada Ley.

En relación con las obras de la Casa de la Cultura, el delito de prevaricación al que aluden las acusaciones no radicaría, a juicio de los magistrados, en la concesión a la empresa UCOP del contrato, sino que el ex diputado adjudicara los trabajos a ésta de forma verbal "y disfrazar después el procedimiento de contratación de una apariencia de legalidad que, sin embargo, tenía como objetivo evitar la presencia de cualquier otra empresa en la licitación".

El procedimiento seguido tiene así "apariencias de fraude", ya que se publica un presupuesto estimado del contrato cifrado en 606.000 euros, cantidad "que nada tenía que ver con el coste real de las obras". De hecho, la única empresa que concurre, UCOP, hace una oferta de más de 4,1 millones de euros, "resultando difícil de aceptar que sea casualidad el que la cuantía del contrato de la llamada segunda fase ascienda a 3,5 millones", la diferencia de entre la cuantía por la que salió a concurso.

No prosperan sin embargo los recursos planteados en relación con la contratación de las obras relativas al pabellón cubierto y a la piscina, puesto que el delito de prevaricación requiere que quien comete la arbitrariedad lo haga en su condición de autoridad o funcionario público, y, en este caso, fue la empresa Emogisa, persona jurídica sujeta a derecho privado aunque con capital público, la encargada de la contratación y ejecución de los trabajos.

"Así las cosas, y con independencia de que el Pleno del Ayuntamiento era conocedor de que el coste de las obras cuya contratación se encomendaba era muy superior a las cantidades que constituían las encomiendas, si el Consejo de Administración de Emogisa rebasa los términos de la encomienda sobre sus componentes, podrán recaer otras consecuencias jurídicas que no vienen al caso, pero, desde luego, no puede atribuírseles un delito de prevaricación", precisa la Sala.

Rechaza la Audiencia además la pretensión del fiscal de atribuirle el delito de tráfico de influencias a Del Ojo, y también la de la acusación particular de imputarle el de fraude de subvenciones, cuyo sobreseimiento fue consentido por el Ministerio Público. En el hipotético caso de que se hubiera producido, "el Ayuntamiento ni habría sido su víctima ni perjudicado por él".

La investigación se abrió a raíz de una denuncia del PSOE contra el ex alcalde de la localidad, Francisco Plata, y Del Ojo, que la Fiscalía consideró "instigador y responsable material de las actuaciones", y que le llevó a dimitir como concejal de Urbanismo en octubre de 2006, cuando señaló que renunciaba su acta "única y exclusivamente" por la "injusta persecución mediática" a la estaba siendo sometido, a su juicio, y que obedecía, según dijo entonces a una "estrategia en la que se han cobrado trofeos sin piezas".