La investigación es por delitos de malversación, blanqueo de dinero, organización criminal y prevaricación, han informado a Europa Press fuentes del caso.
La operación está coordinada por la Fiscalía Anticorrupción --en Madrid y Cataluña--, que ha solicitado al Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell (Tarragona) que se practiquen estas diligencias.
Además, la Guardia Civil ha enviado un requerimiento de información al Ayuntamiento de Girona, aunque no han entrado a registrar la sede del Consistorio, que gobernaba Carles Puigdemont desde 2011 hasta que fue investido presidente de la Generalitat en 2016.
La operación Termyca es una pieza separada del caso iniciado en 2014 en el Ayuntamiento de Torredembarra a raíz de la denuncia de un concejal de ERC, que originó el registro de la sede de CDC y la fundación CatDem.
LOS FONDOS PODRÍAN HABERSE DERIVADO A ANDORRA
La Guardia Civil cree que la trama para desviar fondos públicos de estos ayuntamientos se valía de estructuras paralelas creadas en los mismos consistorios para desviar ese dinero a Andorra a través de "complejas operativas mercantiles", según ha informado el Instituto Armado.
La operación, coordinada por la Fiscalía contra la Corrupción y el Crimen Organizado, ha concluido con 11 detenidos según la Fiscalía, entre ellos Josep Manel Bassols, exalcalde de Convergència en Anglès (Girona) y exdirector de campaña del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.
Bassols, que llevó la campaña de Puigdemont en las elecciones municipales de 2011, fue uno de los detenidos en octubre de 2015 en otra operación de la Guardia Civil, Petrum, por presuntos pagos de comisiones ilegales a CDC a cambio de adjudicaciones de obra pública.
La Guardia Civil inició la investigación por Térmyca, no obstante, a partir de las actuaciones de una tercera operación. Fue la bautizada como Turm y se llevó a cabo en junio de 2014, centrándose en la adjudicación por parte del ayuntamiento tarraconense de Torredembarra de diversos contratos con Efial, la consultora situada en el epicentro de la investigación.
De hecho, su presidente, Toni Martos, es uno de los detenidos este martes por su participación en la creación de estructuras paralelas en los ayuntamientos, ayudándose de sociedades ficticias.
Las actuaciones, según la Fiscalía, tuvieron su inicio en las denuncias de concejales de varios de los consistorios afectados.
Así ocurrió con la de Torredembarra, desencadenada tras la denuncia de un concejal de ERC, lo que conllevó luego el registro de la sede de CDC y la fundación CatDem.
Esta operación, también dirigida por el Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell (Tarragona), siguió el rastro a las supuestas 'mordidas' cobradas CDC, un caso que estalló en plena campaña de las elecciones catalanas del partido.
EFIAL, HILO DE CONEXIÓN
Efial es el hilo de conexión entre las diferentes operaciones anticorrupción. Los detenidos este martes se sirvieron de la asesoría de esta consultora --que fue absorbida por CGI, continuando con la actividad delictiva-- para "evitar la labor supervisora del secretario e interventor municipales", según ha detallado el Ministerio Público.
Se han producido registros en 14 domicilios, en siete despachos profesionales, doce sociedades mercantiles, siete entidades públicas y ocho ayuntamientos.
Los consistorios son los de Torrejón de Ardoz, Miraflores de la Sierra y Chinchón, en la provincia de Madrid; Trillo, en la de Guadalajara; y Tortosa, Ascó, Vandellós y L'Ametlla de Mar, en la de Tarragona. Además, se han practicado otras cuatro entradas en Andorra, a donde iba a parar el dinero desviado de las arcas públicas.
Otros tantos ayuntamientos que contrataron con la consultora Efial están siendo investigados en relación con Térmyca, como es el caso de los consistorios de Sóller y Alaior, en Baleares. Lo mismo ha ocurrido con municipios de otras regiones.
Por ejemplo, en Armilla (Granada), el alcalde socialista ha explicado que contrató sola una vez con Efial por valor de 18.000 euros. Fue en 2014 y el objetivo era la asistencia técnica en materia de gestión tributaria, según el primer edil, que ha añadido que no ha llegado ningún requerimiento oficial aunque se ha ofrecido a colaborar con la Justicia.
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