El abogado del ex concejal de Palma confirma que la familia dipone del aval de 100.000 euros para salir de prisión

PALMA DE MALLORCA, 30 (EUROPA PRESS) El ex concejal del Ayuntamiento de Palma, Javier Rodrigo de Santos, saldrá esta tarde del centro penitenciario de Palma después de que su familia haya consiguido un aval de 100.000 de una entidad bancaria de Burgos, según confirmó en declaraciones a Europa Press el abogado de De Santos, José Ignacio Herrero. El letrado informó que en estos momentos dispone de una copia del aval, pero dicho documento no es válido para que el juez de guardia pueda emitir un auto de libertad que permitiría al ex concejal salir de prisión. Es necesario es original. Por ello, el hermado del acusado se desplazará esta tarde desde la Península a Palma, previsiblemente sobre las 19.00 horas, para llevar en mano el documento original del aval. Es por ello, según confirmó Herrero, que De Santos saldrá de la cárcel con total seguridad esta tarde. Pese a que los familiares se han volcado desde el pasado viernes, cuando la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma dictó prisión provisional bajo fianza de 100.000 euros para el ex concejal, en reunir el dinero, finalmente éste hará efectiva la fianza mediante un aval bancario. Con todo, Rodrigo de Santos, que se encuentra en prisión preventiva sin fianza desde el pasado 27 de junio por un presunto delito de abusos sexuales a menores, podría quedar en libertad en las próximas horas después de permanecer nueve meses en la cárcel. El auto, emitido por el tribunal a última hora de la mañana del pasadp viernes, determina la retirada del pasaporte para que el ex edil no pueda abandonar el territorio nacional, así como la prohibición de abandonar el tratamiento de desintoxicación al que está sometido. La decisión se ha producido después de que su abogado de De Santos volviese el pasado jueves a pedir la libertad del ex edil alegando que no hay riesgo de fuga debido a su arraigo familiar en Mallorca y al tratamiento contra la drogadicción al que está sometido, pese a que la Fiscalía insistió en que sí concurren riesgos de que pueda eludir la acción de la justicia. Durante la vista celebrada en la sala de la Sección Segunda, Herrero expuso los motivos por los que afirma que su patrocinado no huiría y su excarcelación no supondría peligro para los menores, pese a que el fiscal José López insistió en que sí existe la posibilidad de que el ex regidor de Urbanismo se fugue, entre otros motivos porque está encausado en otros dos procedimientos y los delitos que en total se le imputan llevarían aparejadas elevadas penas de cárcel. Herrero ya aseveró a Europa Press que su defendido "no va a huir y va a estar presente en el juicio, además de cumplir la pena que se le imponga", al tiempo que hizo referencia a las "contradicciones que rodean a las declaraciones" de los dos menores denunciantes de De Santos. En concreto, el juez de instrucción número 8 de Palma, Antonio Rotger, decretó el pasado 27 de junio prisión provisional sin fianza para el ex regidor de Urbanismo a petición de la fiscal Concha Gómez. Al parecer, los presuntos abusos o relaciones con menores de edad se cometieron durante su etapa como político al frente de Urbanismo durante el mandato de la ex alcaldesa Catalina Cirer (PP). Cabe destacar que en el tribunal que debe decidir sobre la excarcelación está presente el magistrado ponente Juan Pedro Yllanes, para quien Herrero solicitó su recusación -finalmente desestimada- para que fuese apartado del caso al considerar que su intervención en lo que resta del sumario, en el juicio y en la redacción de la sentencia podría estar "contaminada", al tratarse del mismo juez que ya denegó la excarcelación al ex edil el pasado mes de agosto. El caso por los presuntos abusos sexuales se encuentra en fase de calificación -el abogado y la Fiscalía aún no han presentado sus escritos de defensa y acusación, respectivamente- y está pendiente de que se dicte un auto de apertura de juicio oral. De Santos está imputado en dos procedimientos más, el primero de ellos -que también será próximamente enjuiciado- por un presunto delito de malversación de caudales públicos en locales de alterne de ambiente gay, por el que la Fiscalía solicita cinco años de cárcel. Asimismo, también está inculpado en un tercer caso, relacionado supuestas irregularidades cometidas en la adquisición del castillo de juegos infantiles de Sa Riera.