El ex presidente de la gestora de Marbella pide en Lanzarote que los ciudadanos "tomen conciencia" ante la corrupción

El abogado Diego Martín afirma que "la población tiene que dejar de ser cómplice" ARRECIFE (LANZAROTE), 26 (EUROPA PRESS) El abogado Diego Martín Reyes, que fue presidente de la gestora del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) entre abril de 2006 y junio de 2007, destacó este jueves que "es importantísimo que los ciudadanos tomen conciencia" ante la corrupción en el marco de las segundas jornadas de legalidad territorial y ambiental que se celebran en Lanzarote. En tono enfático, el abogado afirmó que la "mafia no es el pistolero ni el gángster" y manifestó que "la corrupción ha penetrado en todos los tejidos sociales". "La corrupción se propaga porque se reparten las migajas", dijo, y subrayó que "la población tiene que dejar de ser cómplice" de esta situación. El ex presidente de la gestora de Marbella también opinó que no se puede mandar el mensaje de que "la infracción es rentable, como lo ha sido hasta ahora". En ese sentido, recalcó que "los partidos políticos tienen que comprender que a veces hay que perder elecciones para ganar el futuro", en referencia al consentimiento de la ilegalidad para no perjudicar a amplios colectivos sociales. La conferencia de Martín Reyes se convirtió en el plato fuerte de la jornada de este jueves, en la que desgranó la situación del Ayuntamiento de Marbella que llevó a la disolución de la Corporación municipal por orden del Gobierno central en marzo de 2006 y al encarcelamiento de la alcaldesa, Marisol Yagüe, y del gerente del departamento de Urbanismo y 'cerebro' de la trama, Juan Antonio Roca, entre otros. A su llegada al Ayuntamiento, el que fuera presidente de la gestora dijo que existían unas 30.000 edificaciones ilegales en el municipio, de 135.000 habitantes. Había interpuestos 700 recursos contencioso administrativos, de los cuales más de 500 se referían a cuestiones urbanísticas. Del total, unos 400 habían sido iniciados por la Junta de Andalucía. El letrado destacó que entre las edificaciones ilegales había no sólo viviendas residenciales sino varios hoteles, centros comerciales, gasolineras, centros de salud y de la tercera edad. Añadió que en algunos casos se había permitido la construcción sobre suelo público. Además, explicó que había en torno a unos 50 recursos judiciales pidiendo la revisión de oficio de actos administrativos del Ayuntamiento y "más de 600 negocios" carecían de licencia de apertura, porque el edificio era ilegal o porque el uso de suelo no permitía la actividad. Martín Reyes agregó que había 90 autos judiciales que decretaban medidas cautelares incumplidos, "guardados en los cajones o a lo sumo notificados a la Jefatura de la Policía Local" sin que se llevaran a término. "Todo era un paripé", afirmó el abogado en su intervención, que duró más de una hora y fue muy aplaudida por los cerca de 300 asistentes a las jornadas, que se desarrollan en el Cabildo lanzaroteño en Arrecife. EL PLANEAMIENTO Destacó también que en Marbella reinaba la "confusión" sobre el Plan General de Ordenación Urbana que estaba en vigor, por lo que "a veces se aplicaba uno que se aprobó en 1986 y no se publicó hasta 1990, otras el anterior de 1968 y otras se tenía en cuenta uno de 1998 que nunca se llegó a aprobar definitivamente". Esta situación provocaba que se paralizasen procedimientos penales abiertos hasta que se resolviesen por la vía contencioso-administrativa. "Y los jueces", subrayó, "no accedían a tomar medidas cautelares: si las pedía la Junta de Andalucía se denegaban y si lo hacían los particulares se fijaban unas fianzas astronómicas". Por ello, criticó especialmente que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía acordase la primera medida cautelar "en el año 2003" mientras que se había negado desde principios de la década de los 90, cuando fijó el inicio de la comisión de ilegalidades en Marbella. EL AYUNTAMIENTO Para completar la descripción del estado de Marbella, precisó que el Ayuntamiento tenía una deuda de cerca de 470 millones de euros y que durante años no se había pagado ni la Seguridad Social, ni el IRPF de los trabajadores, así como ciertas obligaciones crediticias. El "caos" era tal, que mientras ingresaba unos 300.000 euros, los gastos ordinarios eran de 13 millones de euros al mes, lo que requirió ayuda de la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial, apostilló. A esto se le añadía una plantilla de 800 funcionarios y otros 2.500 empleados dependientes de "más de 15 empresas públicas". También resaltó que tuvo que "reconstruir" el "aparato administrativo" del Consistorio, después de que el secretario fuese imputado y detenido, el tesorero se retirase y el interventor no le mereciese "confianza" al estar "imputado en 15 causas". Y subrayó que en el departamento de Urbanismo que controlaba Roca los informes jurídicos se encargaban a letrados externos al Ayuntamiento. LA SITUACIÓN ACTUAL Martín Reyes se quejó de que el Plan General de Ordenación Urbana tramitado por la Junta de Andalucía y aprobado inicialmente en su mandato se haya "desvirtuado". Explicó que el Plan, que 'legalizaba' unas 12.000 edificaciones, incluía "un sistema de compensación" para otras 18.000 que permitiría su regularización a cambio de que se cediese al patrimonio municipal 1,8 millones de metros cuadrados para equipamientos y viales. El abogado añadió que una vez aprobado inicialmente el Plan General "se desencadenó una maniobra a favor de los compradores" de las edificaciones para que no cargasen con las consecuencias de las ilegalidades. Frente a esto, apuntó que "se podría haber perseguido a promotores, políticos y funcionarios". Finalmente, expuso que la actual corporación municipal busca las "menores consecuencias", por lo que "sólo se derribarán unas 500 viviendas que o no están terminadas o están deshabitadas". Criticó también a la Junta de Andalucía por desarrollar una "política contemplativa" para "recuperar electorado".