El IMAS sancionará con hasta 120.000 euros a la residencia Crist Rei o la cerrará si se confirman los maltratos

El director de Servicios Sociales admite que existía la "sospecha" de los hechos "aunque no había indicios claros" para actuar de oficio.

PALMA DE MALLORCA, 16 (EUROPA PRESS)

El director de Servicios Sociales del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Jesús Millor, anunció hoy que la institución sancionará a la residencia Crist Rei de Inca con una multa que oscilaría entre los 300 y los 12.000 euros, o la cerrará de forma temporal, si se confirman los presuntos maltratos contra los usuarios por los que fueron detenidas ayer la directora y la coordinadora de enfermería del centro.

Así lo indicó en declaraciones a Europa Press, en las que señaló que mañana técnicos del IMAS realizarán las visitas "pertinentes" al geriátrico "para verificar los hechos", en cuyo caso "actuaremos en consecuencia" dentro de las competencias del organismo. Entre éstas, mencionó la posibilidad, además de la sanción o el cierre, de inhabilitar a las responsables imputadas, que esta tarde han quedado en libertad con cargos tras declarar ante la jueza.

Tal y como incidió, la medida que se ejecutará "dependerá de lo que se constate, ya que por el momento no se puede valorar la situación de forma completa, pero actuaremos de inmediato", manifestó. En cualquier caso, aseveró que desde el IMAS trabajarán en paralelo con la Justicia para aclarar unos hechos por los que se imputa a las detenidas delitos contra la integridad moral, falsedad en documento oficial y contra la salud pública con diferentes grados de implicación.

Millor manifestó que precisamente ayer se registraron además tres denuncias por parte de un grupo de familiares contra la falta de personal, organización, higiene y limpieza en esta residencia, inaugurada la pasada legislatura. Tal y como admitió, existía la "sospecha" de los hechos por los que Juana R. y Jaqueline P. fueron arrestadas "aunque no había indicios claros" para actuar de oficio.

Un hecho que el director de Servicios Sociales atribuyó a que "hay cosas más escondidas que suceden y es más complicado denunciarlas", al contrario que en el caso de la falta de higiene o las malas condiciones higiénicas.

Mientras tanto, desde el Govern sus servicios jurídicos estudian personarse como acusación popular en la causa, tal y como indicó hoy la consellera de Bienestar Social, Promoción e Inmigración, Fina Santiago, quien manifestó estar "muy preocupada" por la situación de las personas afectadas, en su mayoría enfermos de alzheimer o con problemas cognitivos.

El centro, que fue inaugurado con polémica al carecer de los permisos administrativos, había recibido en los últimos meses numerosas quejas por parte de familiares de los pacientes que eran asistidos en el mismo, a causa de un posible "abuso" en el uso de tranquilizantes -que eran obtenidos presuntamente de manera fraudulenta-, especialmente durante las noches, según Santiago.