El inspector municipal encarcelado por el caso de prostíbulos en Barcelona pudo robar dos expedientes de cierre de clubs

BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)

El inspector de licencias del Ayuntamiento de Barcelona encarcelado el miércoles por la trama de corrupción vinculada a prostíbulos de la capital catalana y su entorno pudo haber robado a finales del año pasado dos expedientes que ordenaban el precinto de dos locales que actuaban como clubs de alterne.

Según explicó hoy el Ayuntamiento, los expedientes iban dirigidos contra un local con licencia de baños de vapor y sauna y un piso sin licencia que actuaban como prostíbulos y las órdenes de precinto llevaban fecha de 13 de septiembre y 16 de octubre de 2008.

No obstante, Manuel M., inspector polivalente del departamento de licencias del distrito del Eixample --que tenía encargado uno de los tres ámbitos territoriales de este distrito--, pudo haber hecho desaparecer estos dos expedientes, en uno de ellos llegó a realizar aportaciones, para que no se ejecutara el cierre.

El Ayuntamiento decidió hacer un duplicado de los expedientes y el 2 de diciembre encargó a la Guardia Urbana que investigara lo sucedido. Las nuevas órdenes de precinto se fecharon el 1 de diciembre y el 11 de febrero y los expedientes fueron vigilados 24 horas, así como las personas que podían tener acceso a ellos.

La investigación no fue más allá, porque los expedientes no desaparecieron otra vez y no se pudo determinar quien los había sustraído la primera vez.

Fuentes municipales explicaron que a este inspector ya se le abrió un expediente informativo en el año 2000 cuando trabajaba en el distrito de Ciutat Vella por presunto soborno, pero se archivó porque la supuesta víctima no quiso ratificarlo. No obstante, desde entonces el expediente no se llegó a cerrar.

Al año siguiente el funcionario fue trasladado al distrito del Eixample, donde hasta el momento no se le había vuelto a detectar ninguna otra irregularidad.

La concejal de Seguridad y Prevención, Assumpta Escarp, que también es concejal del Eixample, y el portavoz y teniente de alcalde de Hacienda y Promoción Económica, Jordi William Carnes, explicaron que Manuel M. realizaba inspecciones técnicas poco cualificadas y no tenía potestad para conceder o anular licencias, sino simplemente hacer propuestas para que sus jefes decidieran.

Este funcionario no tenía relación directa con la secretaria técnica de Prevención del Eixample citada a declarar como imputada por la juez que lleva el caso. De hecho, desde el Consistorio se desconoce qué delitos se le imputan.

William Carnes y Escarp defendieron la "honorabilidad" de la práctica totalidad de funcionarios municipales, y recordaron que en enero y febrero el Eixample ha aprobado 101 propuestas de precintos, 23 de ellas contra prostíbulos, y ha ejecutado 58, 12 contra locales de alterne.

El Ayuntamiento no puede demostrar la relación entre Manuel M. y otro funcionario, Eduard C., expulsado en 2004 por tráfico de influencias e investigado por la Guardia Urbana, cuyo juicio tiene que celebrarse en pocos días. En este caso sí está implicado el ingeniero Joaquín Q., también investigado en la actual trama y que quedó en libertad bajo fianza.

El portavoz municipal recordó que la Administración es "muy garantista", por lo que puede parecer "excesivamente lenta", pero no puede realizar una "caza de brujas" contra los funcionarios si no hay indicios razonables de irregularidades o delitos contra ellos.

Asimismo, Escarp animó a los supuestos afectados de irregularidades de funcionarios que lo denuncien ante la justicia.