El PSPV critica el "desinterés" de Barberá por no convocar la Comisión Especial desde hace medio año

VALENCIA, 19 (EUROPA PRESS)

El concejal del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia Julio Such criticó hoy el "desinterés" de la alcaldesa, Rita Barberá, por que los valencianos se beneficien de la aplicación de las medidas previstas en la Ley de Dependencia. Así, lamentó que el equipo de gobierno local no convoca desde hace medio año la Comisión Especial para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia, lo que, en su opinión, demuestra "la desidia del PP y su voluntad de obstaculizar la aplicación de una ley que beneficiaría a toda la ciudadanía".

El edil recordó en un comunicado que el equipo de gobierno municipal decidió crear la comisión especial en el seno del Consejo de Acción Social, tras una propuesta presentada por el grupo socialista para que el Ayuntamiento dispusiese de un organismo en el que se realizara el seguimiento del desarrollo de la ley en la ciudad.

El consejo celebrado en julio de 2008 aprobó que la comisión especial estuviese compuesta por representantes del consistorio, sindicatos, la Confederación Empresarial Valenciana, la Universitat de València, Cruz Roja, así como de asociaciones vecinales, de mayores, de mujeres, de discapacitados físicos y sensoriales, de minorías étnicas y de enfermedades mentales.

Sin embargo, desde la aprobación de su composición en el Consejo de Acción Social, la comisión especial "sólo se ha reunido una vez --el 8 de septiembre de 2008-., y exclusivamente para constituirse", denunció Julio Such.

El concejal socialista consideró que el más de medio año transcurrido desde la primera y última reunión de la comisión especial evidencia "el desinterés del equipo de gobierno por la aplicación de la ley y su voluntad de que los ciudadanos no lleguen a percibir sus efectos". Ante la "parálisis" que experimenta el desarrollo de la norma en la ciudad de Valencia y en la Comunitat Valenciana, Such exigió a la alcaldesa Barberá y a la concejala de Bienestar Social, Marta Torrado, que convoquen "cuanto antes" la comisión.

Asimismo, anunció la presentación de unas preguntas en el próximo pleno municipal en las que se interesa por si el Ayuntamiento ha suscrito ya un convenio con la Dirección Territorial de Servicios Sociales para facilitar la presentación de solicitudes de valoración de grado y nivel de dependencia, cuántas solicitudes de valoración se han presentado en la ciudad, cuántas de entorno social se han realizado en cada centro municipal de servicios sociales y cuántas están pendientes de realizar.

También preguntará sobre cuántos planes individuales de atención se han realizado en cada centro municipal de servicios sociales y cuántas existen pendientes de realizar. Asimismo el edil se interesará por el número de personas existentes en cada centro que están pendientes del último dictamen de reconocimiento del servicio y cuántos se han emitido.

Such explicó que la ley entró en vigor el 1 de enero de 2007 y el plazo de presentación de solicitudes de valoración se inició el 23 de abril, con la entrada en vigor del real decreto que aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia. A su vez, el decreto autonómico de 28 de septiembre contempla un plazo máximo de seis meses para que la Generalitat resuelva sobre cada caso desde el momento del registro de las instancias.

TRAMITACIÓN

El concejal incidió en que el Ayuntamiento "desempeña un papel fundamental en la tramitación de las solicitudes", pues tras "la recepción de la instancia y la valoración de las necesidades del interesado, la administración autonómica remite el caso al Ayuntamiento para que valore el entorno".

Tras recibir dicha valoración, la Generalitat emite el dictamen y lo remite de nuevo a la administración municipal junto a una propuesta de Plan de Atención Individual. Después, el Ayuntamiento pacta el Programa Individual de Atención (PIA) definitivo con el interesado y lo registra en un acta de acuerdo, que remite de nuevo a la Generalitat para que determine qué servicios debe prestar cada administración.