Imputan por prevaricación al equipo de Gobierno de Alfoz de Lloredo por el caso de la Finca del Obispado

SANTANDER, 8 (EUROPA PRESS)

El Juzgado de Instrucción número 4 de Torrelavega imputa por un presunto delito de prevariación al alcalde de Alfoz de Lloredo, Enrique Bretones, y a cinco ediles del equipo de Gobierno, todos en representación del Partido Popular, por la operación urbanística en la Finca del Obispado.

Los ediles son Abelardo Pérez Gutiérrez, José Antonio Díaz Bueno, María José García Abascal, Pedro Carlos Balbás y Mercedes Arnaiz. Sin embargo, se rechaza la imputación a la secretaria interventora y al aparejador municipal, y al alcalde entre mayo de 2006 y mayo de 2007, Luis Alfonso González.

En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el juez reprocha la "arbitrariedad" de una modificación en las normas subsidiarias para obligar a una empresa a construir viviendas de protección oficial, en un acto que se considera "reflejo puro y duro" de la voluntad de "imponer a terceros" los efectos de un pacto "privado" del que el Ayuntamiento fue un mediador.

La denominada Finca del Obispado se encuentra en Cóbreces, y pertenecía en un primer momento precisamente al Obispado de Santander. El Ayuntamiento medió para que esta parcela se vendiera a una constructora a un precio inferior al de mercado, pero con la condición de que se destinara a una promoción de cuarenta viviendas protegidas con garaje.

En julio de 2005, el Ayuntamiento concedió a esta empresa la licencia de obra, y en febrero de 2006 esta vendió la parcela a una segunda constructora, que, a su vez, se la vendió a una tercera, que es la que ha adoptado las medidas legales que han dado lugar a esta resolución judicial.

Esta última quiso modificar el proyecto y edificar 80 viviendas con sus garajes, pero el Ayuntamiento le respondió que había una licencia a favor de la segunda propietaria para la mitad de viviendas, por lo que esa empresa debía renunciar a la citada licencia para que la nueva dueña de los terrenos pudiera llevar a cabo ese proyecto.

Pero el alcalde y los ediles les dijeron a los promotores de la urbanización que "no iban a permitir" la construcción en esa parcela de viviendas que no fueran de protección oficial, remitiéndose para ello al pacto con el Obispado, en una postura que el Juzgado califica de "inflexible", y eso a pesar de que la empresa aseguraba que contaba con una licencia para viviendas libres, sin ninguna de las limitaciones que exigía el Consistorio.

Sin embargo, el Ayuntamiento dotó de contenido normativo a esas restricciones, cuando, una vez denegada la licencia, el alcalde y cinco concejales del Partido Popular miembros del equipo de Gobierno votaron una modificación puntual de las normas subsidiarias para destinar esa parcela a la construcción de viviendas de protección oficial.

Con este acuerdo explicitado "sin rubor" el Ayuntamiento perseguía o "salvaguardar unas expectativas privadas de beneficio" o "en todo caso", evitar la "exigencia de responsabilidades políticas" por parte de los vecinos, ante el incremento de precios que iba a implicar la sucesión de ventas de la parcela.

Esto lo considera el juzgado un "abuso intolerable" y una "deliberada desviación o torcimiento de derecho" adoptada "bajo la apariencia de una decisión conforme a derecho", con la búsqueda de fines "distintos" a los propios de una modificación puntual del planeamiento, por tanto, "adoptada a sabiendas de su irregularidad y con conocimiento de los perjuicios que ello irrogaría a terceros".

Los denunciantes aludían a un "interés particular" de Bretones y otros concejales respecto al reparto de las viviendas protegidas. El auto señala que este "móvil espurio sobreañadido" no añadiría nada a la calificación del delito como prevaricación, algo para lo que es "irrelevante".

Se considera que no hay "evidencia bastante" de que, como decían los denunciantes, las futuras viviendas estaban ya adjudicadas a los ediles o personas afines, entre ellas el propio Bretones, que figuraba en una lista de solicitantes de VPO en la que el regidor llegaba a figurar dos veces, y es el único que aparece "vinculado directamente" al Ayuntamiento, si bien se admite que el proceso de solicitud es público y no está vedado a personas con esta relación. Se matiza que el ejercicio arbitrario del poder ya constituye un elemento "decisivo" para hablar de prevaricación.

El auto supone la transformación de las diligencias previas en un procedimiento abreviado, por lo que si la fiscalía o las acusaciones particulares presentan el correspondiente escrito o la Fiscalía, se podría abrir juicio oral contra los imputados.