La Audiencia autoriza al Cabildo de Lanzarote a personarse en proceso penal por 1.000 casas de Costa Roja

ARRECIFE (LANZAROTE), 22 (EUROPA PRESS)

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha dictado un auto en el que corrige al Juzgado de Instrucción número 8 de Arrecife y autoriza al Cabildo de Lanzarote a personarse en el procedimiento penal que investiga la comisión de, al menos, un presunto delito de prevaricación, en la concesión de la licencia para construir más de 1.000 viviendas en Costa Roja (Yaiza) en un suelo no apto.

Así consta en la resolución judicial, a la que ha tenido acceso Europa Press, en relación a las diligencias abiertas a raíz de una querella criminal interpuesta en abril de 2007 por el actual secretario general del PSC-PSOE de Lanzarote, Carlos Espino, contra el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, del Partido Nacionalista de Lanzarote (PNL), el secretario del Ayuntamiento, Vicente Bartolomé Fuentes, y el jefe de la Oficina Técnica, Antonio Lorenzo Tejera.

El entonces primer edil sureño concedió una licencia de obra en diciembre del 2006 a Costa Roja SL para la construcción de 1.012 viviendas, 220 locales comerciales y 2.559 plazas de garaje, en la vía LZ-2, esquina Avenida de Femés, en Playa Blanca.

Los informes jurídicos del Cabildo sostienen que la licencia es ilegal al no estar el suelo calificado para el desarrollo de la urbanización. La corporación insular recurrió la licencia por la vía contencioso-administrativa al tener conocimiento de la misma en 2007 y la justicia la ha suspendido cautelarmente, paralizando las obras.

Respecto a la vía penal abierta por la querella de Espino, en noviembre del 2007 el Juzgado denegó la personación del Cabildo en el proceso. Lo hizo de manera "equivocada", según el criterio de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas, que el 2 de abril de este año dictó un auto, notificado esta semana a las partes, corrigiendo esta decisión.

LAS RAZONES

En síntesis, la Sala señala que la administración pública insular está habilitada por la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias (Decreto Legislativo 1/2000) "para el ejercicio de la acción penal para la persecución de infracciones urbanísticas" como las que se están enjuiciando en el procedimiento de Costa Roja.

Por ello, la Audiencia considera válido que el Cabildo ejerza la acción popular en el procedimiento penal que se sigue con respecto a los presuntos delitos cometidos en Costa Roja. Asimismo, rechaza los fundamentos del Juzgado para denegar, en dos ocasiones, la personación del Cabildo.

TESIS RECHAZADA

La tesis del Juzgado se resumía en que la legislación territorial permite al Cabildo emprender "acciones ante los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, pero no ante la jurisdicción penal". La Sala entiende que la jurisprudencia permite el ejercicio de la acción popular en materia penal no sólo a los "ciudadanos" en sentido estricto, sino también a las entidades públicas.

El Juzgado también defendía que ya que la Fiscalía tiene por misión "promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad" no resultaba "coherente que otros órganos de la administración", en este caso el Cabildo de Lanzarote, ejercitasen "la misma función sin ser directamente perjudicados".