La jueza deja en libertad con cargos a la directora y la jefa de enfermería de la residencia Crist Rei

PALMA DE MALLORCA, 16 (EUROPA PRESS)

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Inca, en funciones de guardia, ha decretado libertad provisional con cargos para la directora y la jefa de enfermería de la residencia Crist Rei de Inca, a quienes se les imputan presuntos delitos contra la integridad moral, falsedad en documento oficial y contra la salud pública, con diferentes grados de implicación.

En el caso de la directora, Juana R.O., la magistrada, Catalina Martorell, no ha adoptado ninguna medida cautelar si bien la imputada tiene obligación de comparecer ante el Juzgado cuando así se le requiera.

Mientras tanto, para Jaqueline P.Y. la jueza ha decidido como medida cautelar prohibirle que se acerque a su lugar de trabajo, en la residencia, así como la obligación de comparecer mensualmente ante la autoridad judicial.

A su salida de las dependencias judiciales, en torno a las 16.00 horas, ambas imputadas así como sus abogados eludieron hacer declaraciones a los medios de comunicación congregados y, con semblante serio, abandonaron en coche los juzgados sin hacer comentarios sobre su comparecencia ante la jueza.

Cabe recordar que Juana R. y Jaqueline P. fueron detenidas ayer por la Guardia Civil por la comisión de presuntos malos tratos, según informaron fuentes de la Guardia Civil a Europa Press. Las dos mujeres prestaron declaración por estos hechos ante los agentes del Instituto Armado de Inca y esta mañana, alrededor de las 10.00 horas, pasaron a disposición judicial.

El caso se destapó ayer después que varios policías irrumpieran en el geriátrico para investigar la comisión de una veintena de posibles malos tratos contra los usuarios. El geriátrico lleva en funcionamiento desde 2007 y desde su inauguración se han acumulado las quejas de los familiares por el trato dispensado en el centro.

Por su parte, los servicios jurídicos del Govern estudian personarse como acusación popular en la causa, tal y como indicó hoy la consellera de Bienestar Social, Promoción e Inmigración, Fina Santiago, quien manifestó estar "muy preocupada" por la situación de las personas afectadas, en su mayoría enfermos de alzheimer o con problemas cognitivos, por los hechos denunciados por algún familiar o trabajador.

El centro fue inaugurado durante la pasada legislatura con polémica, según recordó, al carecer de los permisos administrativos y tomar la conexión eléctrica de la red de forma ilegal.

Según afirmó Santiago, el Govern disponía de un total de 60 plazas en Crist Rei, de acuerdo a un convenio suscrito en su día con la empresa privada Aser, y en los últimos meses había recibido numerosas quejas por parte de familiares de los pacientes que eran asistidos en la misma, a causa de un posible "abuso" en el uso de tranquilizantes -que eran obtenidos presuntamente de manera fraudulenta-, especialmente durante las noches, lo que supondría un maltrato.