Las entidades privadas se responsabilizarán de la verificación documental y legal de las obras bajo la tutela del Ayuntamiento

Los funcionarios municipales que ahora se responsabilizan de estas funciones se centrarán en la inspección y en la disciplina urbanística

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La entrada de entidades privadas en la concesión de licencias de actividad supondrá que éstas se responsabilizarán de la "verificación documental, la comprobación de la legalidad de los expedientes presentados y la viabilidad técnica de la solicitud", sin que esto suponga que el Ayuntamiento de Madrid pierda sus competencias a la hora de otorgar las licencias, como explicó hoy el delegado de Hacienda en el Consistorio de la capital, Juan Bravo, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Esta "externalización parcial", como fue definida por el segundo teniente de alcalde, abre la entrada a las entidades privadas que "reúnan los requisitos de capacidad técnica, imparcialidad, independencia y solvencia económica" exigidos. Estas entidad se ocuparán además de la emisión del certificado de conformidad, la supervisión de las obras y el control periódico de actividades.

Y es que el seguimiento del cumplimiento de la legalidad es una de las claves de este nuevo sistema ya que se realizará un control periódico de la actividad cada cinco años. Esto será complementario a la actividad inspectora municipal. Según el calendario detallado por Bravo, los controles periódicos se iniciarán a partir del 1 de abril de 2011.

PASOS PARA CONVERTIRSE EN OCU

Para convertirse en Organismos de Control Urbanístico (OCU), unas iniciales que en breve formarán parte del vocabulario administrativo, deberán contar con el visto bueno de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), a lo que se sumará la autorización por el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento anunció hoy que procederá a firmar convenios de colaboración con distintos colegios profesionales para establecer los protocolos a seguir de forma clara. Precisamente, los colegios podrían convertirse en OCU si se acreditaran como tal, una idea especialmente interesante después de que una nueva Directiva europea, transpuesta por el Gobierno español, elimina la necesidad de emisión de determinados visados por los colegios profesionales. Se da la circunstancia de que éstos su principal fuente de ingresos.

La Directiva establece un sistema de libertad de circulación de servicios y empresas como regla general manteniéndose únicamente los controles que se fundamenten en el interés general. En el resto de los casos bastará con realizar controles de actividad por la autoridad competente.

EL 60% SÓLO NECESITARAN UNA COMUNICACIÓN

Bravo explicó que las entidades certificantes, que inaugurarán un nuevo modelo de y colaboración público-privado en este campo, mejorarán la "eficacia" de la gestión y del control, al tiempo que se racionalizarán los procesos. De hecho, con este nuevo sistema, "prácticamente el 60 por ciento de las actividades que soliciten licencias sólo necesitarán una comunicación al no requerir resolución de procedimiento administrativo".

A destacar que serán objeto de comunicación previa la implantación, modificación o cambio de actividades "inocuas", que no requieran proyecto técnico por tener una escasa incidencia urbanística, medioambiental o de seguridad. Entonces, el OCU emitirá el certificado de conformidad en 15 días, como máximo, ejecutándose la actuación con la comunicación al Ayuntamiento, que tendrá efectos de licencia.

Además no sólo se amplían los supuestos en los que sólo es necesaria una comunicación previa sino que "se refuerza la garantía de los ciudadanos porque tendrán un documento que les permitirá acreditar que tienen una actividad en regla", manifestó el titular de Hacienda.

Bravo añadió que este nuevo sistema de acreditación conlleva "garantías de una actuación técnica e imparcial de las entidades colaboradoras", que se verá reforzado por un sistema de control permanente ejercido a través de auditorías y una póliza de seguros.

LA LABOR DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES

Asimismo, la entrada de entidades certificantes privadas en el nuevo modelo de concesión de licencias de actividades no supondrá peligro alguno para los funcionarios municipales que hasta este momento se ocupaban de dichas tareas. Cuando las OCU estén a pleno rendimiento estos trabajadores podrán centrarse en la inspección y en la disciplina urbanística, confirmó el delegado de Hacienda, Juan Bravo, en un corrillo con periodistas tras la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

El edil recordó que los funcionarios se centrarán en estas cuestiones solamente en las licencias de actividad, las únicas que son recogidas en la aprobación inicial de la nueva ordenanza que hoy fue presentada, ya que el resto de expedientes se seguirán gobernando por la ordenanza actual, aprobada en 2004. El popular también concretó que el año pasado el Ayuntamiento recibió un total de 8.000 solicitudes de expedientes de actividad.