Los ex alcaldes de Pozuelo y Arganda se niegan a declarar ante Garzón mientras la causa esté secreta

El ex concejal de Estepona Ricardo Galeote pide que se levante su imputación tras aportar documentación al juez MADRID, 18 (EUROPA PRESS) Los ex alcaldes 'populares' de Pozuelo de Alarcón y Arganda del Rey, Jesús Sepúlveda y Ginés López, respectivamente, ejercieron hoy su derecho a no declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón mientras la causa abierta tras la 'Operación Gürtel', en la que ambos se encuentran imputados, permanezca secreta, informaron hoy fuentes jurídicas. Sepúlveda y López, que quedaron en libertad sin medidas cautelares, comparecieron ante el juez poco más de diez minutos y prefirieron no contestar a ninguna de las preguntas que habían preparado las fiscales anticorrupción Miriam Segura y Concha Sabadell, que tampoco solicitaron su citación periódica en el juzgado. El ex regidor de Pozuelo, imputado por haber cobrado presuntamente de la trama liderada por Francisco Correa un total de 422.992 euros, aseguró a su salida de la Audiencia Nacional que hablará "en cuanto se conozcan las diligencias y esté el sumario abierto". López, por su parte, acusado de percibir 523.439 euros en concepto de comisiones, justificó su negativa a declarar al desconocer qué tribunal instruirá las diligencias después de que el magistrado se haya inhibido de la causa en favor de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia por la posible implicación de cinco aforados, entre ellos el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y el ex consejero de Deportes de Madrid Alberto López Viejo. Los dos ex alcaldes dimitieron de sus cargos después de que el pasado día 5 el juez Garzón les imputara inidiciariamente los delitos de asociación ilícita, cohecho o tráfico de influencias, fraude fiscal y blanqueo de capitales. Con su negativa a declarar, ambos han secundado la posición del ex alcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero, que también se negó a declarar cuando compareció en la Audiencia Nacional. Así, el único ex primer edil imputado en la causa que no secundó esta actuación fue el de Majadahonda Guillermo Ortega, que quedó en libertad sin medidas cautelares tras declarar durante casi una hora en el Juzgado Central de Instrucción número 5. RICARDO GALEOTE PIDE QUE SE LE RETIRE LA IMPUTACIÓN También compareció ante el juez el ex concejal de Estepona (Málaga) Ricardo Galeote, que acudió a la Audiencia Nacional en compañía del ex magistrado de este tribunal Javier Gómez de Liaño y de la ex fiscal María Dolores Márquez de Prada, que ejercen su representación legal. Durante su declaración, que se prolongó durante una hora y cuarto, Galeote contestó a "todas y cada una de las preguntas que le fueron formuladas con precisión y claridad", según explicó Gómez de Liaño, quien solicitó al juez la retirada de la imputación al entender que con la documentación aportada por su cliente ha demostrado que "no ha percibido nada ajeno a su función de concejal y que todo puede deberse a un error". El letrado de Galeote, al que se acusa de haber cobrado 42.469 euros de la presunta red corrupta, indicó que su cliente decidió declarar porque, "aunque la competencia está en una especie de limbo", ha considerado que "guardando silencio" no puede levantarse la imputación que ha provocado su renuncia al acta de concejal. Su padre, el ex concejal de Boadilla del Monte (Madrid) José Galeote, de 83 años de edad, no se personó en las dependencias judiciales al encontrarse hospitalizado por problemas cardiacos, según explicó su hijo. Según Garzón, José Galeote habría cobrado comisiones por importe de 612.506 euros. Tampoco acudió a su cita con el juez Garzón el ex viceconsejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid Carlos Clemente, que en la actualidad trabaja en Colombia como director general de la Fundación ALAS. Según el juez, el ex alto cargo madrileño habría recibido 16.000 euros de Correa y su grupo. La ronda de comparecencias se completó con la de Tomás Martín Morales, ex director general de Gestión Urbanística y Consumo del Ayuntamiento de Boadilla, quien también se negó a declarar. Según el auto de Garzón, el antiguo cargo municipal se habría repartido 510.000 euros con el ex alcalde González Panero y habría percibido en solitario otros 378.172. COMISIONES DE 2,5 MILLONES DE EUROS Los seis comparecientes, que habrían percibido en total 2,5 millones de euros, desarrollaban su labor en ayuntamientos en los que, según Garzón, Correa y su trama llegó a "gozar" de "una situación próxima al monopolio" en la organización de eventos. La imputación de todos ellos se debe a que sus nombres aparecían en un 'pen drive' que el financiero del entramado, José Luis Izquierdo, guardaba en la sede que las empresas de la trama de Correa tenía en la calle Serrano de Madrid. En estos apuntes de "contabilidad B" existía una cuenta por cada persona física, jurídica o evento de los que tuviera que realizar alguna anotación contable, algunas de las cuales estaban designadas con el nombre de los imputados o con sus iniciales. En Arganda del Rey, la trama consiguió el apoyo del alcalde, Ginés López; del diputado autonómico Martín Vasco, director de la empresa que se encargaba de la promoción del suelo urbano; y de Tomás Martín, que llegó a tener despacho en la Alcaldía. Así, el regidor habría recibido entre 2004 y 2008 billetes de avión, estancias en hoteles, pagos del alquiler de coches y tres entregas en efectivo de 480.000 euros. Martín Vasco, por su parte, habría sido obsequiado con, entre otros regalos, la organización de su boda, el viaje de novios a Polinesia (por valor de 28.800 euros) y compras en una joyería. Con respecto a Pozuelo de Alarcón, Garzón cree que el alcalde, Jesús Sepúlveda, era una "persona de su confianza en el partido y con la que ya había trabajado". Además, mantuvo relación con la concejal de Obras, Yolanda Estrada. Según las declaraciones que obran en las diligencias, el regidor habría recibido varios regalos de la trama, como un vehículo todoterreno o una pantalla de plasma. INHIBICIÓN DE LA CAUSA Garzón ha imputado hasta el momento a 45 personas en esta causa, en la que investiga una presunta trama de corrupción y tráfico de influencias que habría ofrecido "dádivas y sobornos" a funcionarios y autoridades de administraciones del PP de Madrid y Valencia a cambio de la adjudicación de contratos. El juez se reservó la posibilidad de llevar a cabo estos interrogatorios en tanto el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) no responda a la inhibición en su favor que materializó el pasado viernes tras haber implicado en la causa de los diputados madrileños Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch Tejedor. De igual modo, Garzón envió una parte secundaria de la causa al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) tras encontrar indicios de responsabilidad penal que afectan al presidente de la Generalitat, Francisco Camps; y al secretario general del PP en esta comunidad, Ricardo Costa.