El fiscal ve delitos de malversación y prevaricación en contratos del Ayuntamiento de Benahavís

La denuncia inicial fue presentada en dicha Fiscalía en noviembre de 2016 por el grupo municipal socialista, exponiendo que durante la legislatura iniciada tras las elecciones de 2011, el equipo de gobierno realizó contrataciones de personal temporal como cargo de confianza aunque "se les ha asignado funciones que debían realizarse mediante personal de la propia administración, con la única finalidad de que pudieran convertirse en indefinido".

Asimismo, en ese escrito de denuncia, al que ha tenido acceso Europa Press, se añadía que con la entrada en vigor de la ley de sostenibilidad de la administración local en 2013, el Ayuntamiento "se vio obligado a rescindir todos aquellos contratos realizados, pero dado que todos los cargos de confianza venían desempeñando tareas distintas a aquellas que eran inherentes a su contrato", procedieron a la impugnación de los despidos y las demandas fueron estimatorias.

Los denunciantes indicaban que el Ayuntamiento optó por readmitir a los trabajadores "a pesar de las advertencias al respecto puestas de manifiesto por parte de la interventora", por lo que consideraban que esta "acreditada la intencionalidad" y la "connivencia con el Gobierno local, siendo todo el interés de éste generar las situaciones de fraude, planeando desde su inicio todo el procedimiento de forma artificiosa, con el único fin de favorecer a militantes del PP y familiares que se han convertido tras todas las argucias en personal laboral indefinido del Ayuntamiento".

La Fiscalía abrió unas diligencias de investigación penal y solicitó al Ayuntamiento de Benahavís documentos, como la resolución de 13 contrataciones, el trabajo real que desempeñaban y los al menos diez informes de reparo realizados por la interventora.

Según señala el fiscal en su decreto, de 31 de marzo, al que ha tenido acceso Europa Press, en este caso se dan los elementos del delito de prevaricación al ser las resoluciones dictadas "objetivamente contrarias a derecho, pues se efectuaban contratos a diferentes personas como personal eventual para ocupar cargos de confianza con conocimiento de que únicamente iban a desempeñar tareas administrativas".

Al respecto, se añade que esto provocó que, al ser despedidos y presentar demandas en la jurisdicción social, "por la misma se considerase que tales contratos fueron concertados en fraude de ley, condenando al Ayuntamiento a readmitir al trabajador o a indemnizarle".

El fiscal incide en que ante los reparos, se acordaba la readmisión del empleado "que pasaba a ser personal indefinido", con lo que "se eludían los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad así como el de publicidad para cubrir los puestos de trabajo en el Ayuntamiento, imponiendo de esta manera de forma arbitraria la voluntad particular de la autoridad".