La decisión, que no es vinculante, ha sido tomada por el Grupo Demócrata, Cs, ERC y el PP, mientras que el Gobierno de BComú y el PSC ha contado sólo con el apoyo de la CUP respaldando liquidar el contrato, mientras que el concejal no adscrito de Demòcrates se ha abstenido.
El Ejecutivo buscaba consenso político en torno a la decisión de rescindir el contrato a la unión temporal de empresas (Ute) constructora después de la detección de retrasos y sobrecostes, aunque el órgano que debe formalizar la decisión es el consejo de administración de Barcelona d'Infraestructures Municipals (Bimsa), que se reúne justo después de la comisión.
(HABRÁ AMPLIACIÓN)
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