La Fiscalía ha elevado un escrito al Juzgado de Instrucción número ocho de Sevilla, considerando que en las diligencias relativas a las adjudicaciones del Ayuntamiento de Tomares en favor de la sociedad Guerra 21 y el "entramado empresarial" al que pertenecería la entidad, concurriría un delito continuado de prevaricación administrativa. La Fiscalía señala además los "indicios" que sobre los hechos investigados "pesan" sobre el alcalde del municipio, el popular José Luis Sanz, señalando que "debe procederse" conforme a lo estipulado para una persona aforada, pues Sanz ostenta de acta de senador.
El escrito de la Fiscalía, fechado el pasado 14 de julio y recogido por Europa Press, se encuadra en el testimonio deducido por el Juzgado de Instrucción número ocho, respecto a la investigación inicial de las retribuciones del Ayuntamiento de Tomares al popular Juan Campos, por unos breves informes cuando aún no formaba parte del Gobierno municipal y que podrían haber sido elaborados 'a posteriori', para justificar precisamente el dinero cobrado.
La investigación, cuyo archivo provisional ha decretado hace pocos días la juez instructora, se centraba en la facturación abonada por el Ayuntamiento de Tomares a Juan Campos entre 2007 y 2009, cuando aún no era concejal, y después en su actividad en la empresa Guerra 21 Servicios desde enero de 2010 a junio de 2011, para trabajos contratados precisamente por el Consistorio.
En las diligencias incoadas por el juzgado fueron imputados, --investigados según la terminología actual-- el concejal de Presidencia, Eloy Carmona; la entonces concejal de Medio Ambiente, Mercedes Fuentes; el propio Juan Campos; y la entonces concejal de Urbanismo, Pilar Domínguez; así como también el propio vicesecretario interventor del Ayuntamiento de Tomares, Alfonso Barrios, y dos representantes de la empresa Guerra 21.
En determinado punto de la instrucción, la juez del Juzgado de Instrucción número ocho elevó al Tribunal Supremo una exposición razonada sobre los "indicios" a su juicio existentes contra el alcalde de Tomares y entonces ya senador por Andalucía, el popular José Luis Sanz, quien dada la condición de aforado sólo podía ser investigado por la citada instancia judicial.
LA DECISIÓN DEL SUPREMO
En abril de 2015, no obstante, el Supremo archivó sus actuaciones respecto a Sanz al no apreciar delito por parte del alcalde tomareño y devolvió las diligencias al Juzgado de Instrucción número ocho, para que dicha instancia siguiese con la investigación del resto de implicados no aforados.
Finalmente, la juez decretaba recientemente el sobreseimiento provisional de estas diligencias judiciales, considerando que aunque la contratación inicial de Juan Campos por parte del Ayuntamiento "se extralimitó en su duración y cuantía", median aún "diversos extremos no esclarecidos sobre las funciones efectivamente realizadas o no por Juan Campos" y han quedado "acreditadas diversas irregularidades desde el punto de vista administrativo", de otro lado no se puede estimar que hubiese actuaciones "intencionadas y arbitrarias para aparentar una cobertura legal a una contratación ficticia, con el fin de justificar una retribución mensual a Campos".
Previamente, no obstante, la juez instructora, merced a la investigación inicial, había deducido testimonio e incoado una nueva causa, con relación a las contrataciones del Ayuntamiento de Tomares en favor de la empresa Guerra 21, al atisbar un posible delito de cohecho.
En tales diligencias separadas de la causa inicial, según el mencionado escrito de la Fiscalía recogido por Europa Press, la investigación se centra en la presunta creación de "un entramado empresarial desde 2007 hasta 2014", para que ciertas empresas supuestamente ligadas a Américo García, José Candón y María del Carmen Guerra, fuesen las "únicas adjudicatarias" de "determinados contratos de servicios del Ayuntamiento, contando para ello con la colaboración de personas pertenecientes al Consistorio, a sabiendas todos ellos de que en las adjudicaciones se iba a prescindir total y absolutamente del procedimiento legal o a desvirtuarlo en algún caso, fingiendo una concurrencia puramente virtual".
"FRACCIONAMIENTO FRAUDULENTO"
Se trata, según la Fiscalía, de "adjudicaciones a empresas vinculadas o del mismo grupo, que lograron los encargos sin tener que someterse a la concurrencia con otras empresas", toda vez que "en algún caso hasta existió fraccionamiento fraudulento o concurrencia simulada para conseguir el contrato" y "en la mayoría de los casos, la ausencia de expediente previo permitió eludir los controles administrativos".
"Las resoluciones o contratos, cuando los hubo, eran objetivamente contrarias a derecho, sobre todo por eludir groseramente todo procedimiento legal, realizando adjudicaciones directas donde la Ley no lo permite, aunque también por fraccionar contratos por importes inferiores, pretendiendo evitar el procedimiento adecuado en función de la cuantía originaria, vulnerando la Ley de Contratos del Estado o incluso fingiendo una concurrencia que no es tal", resume la Fiscalía.
El Ministerio Público, en ese sentido, aprecia en los hechos un posible delito continuado de prevaricación administrativa, toda vez que en las diligencias están investigados el concejal de Presidencia, Eloy Carmona; el otrora edil responsable de Hacienda y actual delegado municipal de Juventud, Deportes y Comercio, José María Soriano; el actual concejal de Hacienda, Miguel García de la Rosa, las entonces concejales del PP Mercedes Fuentes y Pilar Domínguez; el vicesecretario interventor del Ayuntamiento de Tomares, el concejal andalucista Alberto Mercado, quien cogobernó con el PP en el mandato 2007/2011, y los administradores de la sociedad Guerra 21.
También habría declarado como investigada la exalcaldesa socialista de Tomares Antonia Hierro, toda vez que la Fiscalía señala en su escrito, en el que pormenoriza quiénes firmaron cada uno de los contratos o resoluciones indagadas, que "un investigado que es aforado", en relación a José Luis Sanz y su condición de senador. Dados los "indicios que pesan" sobre Sanz, al que la Fiscalía atribuye la adjudicación de contratos o prórrogas de los mismos sin expediente previo ni "antecedentes administrativos", el Ministerio Público expone que "debe procederse" conforme a lo reglamentado para este tipo de casos.
Fuentes del Gobierno municipal del PP han señalado a Europa Press, al respecto, que el Ayuntamiento ha solicitado el archivo de estas diligencias, confiando en que la juez instructora determine tal extremo.
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