PSOE llevará al Tribunal de Cuentas el contrato con la Agencia Municipal de Alquiler porque un presunto trato de favor

Piden aclarar si el Ayuntamiento respetó la Ley de Contratos Públicos tras los cambios realizados y si la Fundación está cualificada

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, David Lucas, anunció hoy que su formación interpondrá una denuncia "mañana a no más tardar" en el Tribunal de Cuentas por el contrato que el Consistorio tiene firmado con la Fundación de Derechos Civiles para la gestión de la Agencia Municipal de Alquiler porque creen que podría existir un presunto trato de favor hacia esta entidad en relación a la "calificación del contrato", las "modificaciones" llevadas a cabo en él y la "falta de justificación en el expediente del cumplimiento del mismo", entre otras razones.

Lucas, acompañado por el portavoz socialista de Urbanismo, Pedro Sánchez, explicó que en diciembre de 2005 el Gobierno municipal contrató los servicios de la Fundación de Derechos Civiles para la gestión indirecta de la Agencia, con el que se pretendía que ejerciera labores de consultoría y asistencia para el desarrollo del programa de alquiler de viviendas, una acción que se viene ejercitando desde ese año por las sucesivas prórrogas del contrato.

El Grupo Municipal Socialista aseveró que lleva el contrato al Tribunal de Cuentas porque, entre otras razones, "su objeto no se corresponde con la calificación del mismo". "A nuestro parecer, la labor que realiza la Fundación en la Agencia Municipal no es de consultoría y asistencia sino que lleva a cabo un trabajo de gestión de servicios públicos", expuso el portavoz.

A su vez, el concejal Pedro Sánchez resaltó la "nula experiencia" de la Fundación de Derechos Civiles en la gestión de viviendas, sobre todo en lo referido a la intermediación de pisos vacíos o que se puedan alquilar, en definitiva, casar la oferta con la demanda, ya que hasta que firmó el contrato con el Ayuntamiento, en el año 2005, se dedicaba a tareas de consultoría e información.

"El objeto social de esta Fundación no le habilita para tener este contrato con el Ayuntamiento", aseveró Sánchez, que explicó que esta entidad sin ánimo de lucro se dedicaba, antes de firmar con el Consistorio, a "cuestiones de derechos civiles ya que inicialmente su constitución surgió por la defensa de la objeción de conciencia, nada que ver con las políticas de vivienda, a las que poco a poco fue orientado su actividad".

LEY DE CONTRATOS

El PSOE critica asimismo las sucesivas modificaciones del contrato: en total, ha sufrido dos, en concreto en los años 2007 y 2008, sin que, a parecer del Grupo Municipal Socialista, "concurran los requisitos que exige la Ley de Contratos".

Las modificaciones han supuesto alteraciones en el objeto del contrato al eliminar el límite de edad de los ciudadanos que pueden acceder al servicio de la Agencia, anteriormente fijado en los 35 años. También han aumentado el número de gestores en 18 personas, lo que supone que la Agencia cuenta con un total de 68 trabajadores repartidos en dos oficinas, cedidas por el Ayuntamiento, en Hortaleza y Centro.

En este sentido, el PSOE asevera que otras empresas concurrieron para hacerse con este servicio ofreciendo un servicio que se podría ejecutar con una veintena de personas pero, finalmente, el equipo de Gobierno optó por la Fundación de Derechos Civiles. Las modificaciones han supuesto asimismo un incremento del importe del contrato en 1,1 millones de euros hasta alcanzar los 11,5.

Lucas expuso que estos cambios "presuntamente no han respetado los procedimientos legalmente establecidos" ya que los artículos 59 y 101 de la Ley de Contratos exigen que las modificaciones lo sean "por razón de interés público siempre que sean debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas justificándolo debidamente en el expediente". Según el socialista, ninguna de estas justificaciones consta en el expediente de las modificaciones del contrato.

EXENTA DE IVA

Los socialistas quieren saber a través del Tribunal de Cuentas si la Fundación adjudicataria del contrato está exenta de IVA, un impuesto que nunca ha pagado a pesar de que el PSOE considera que sí debería hacerlo. Dicha exención "no consta ni justifica la Fundación en el contrato", añadió el portavoz.

Por todo ello, el PSOE recurrirá a la vía administrativa a través del Tribunal de Cuentas sin que esto suponga no optar a futuras acciones judiciales. Lo que piden al organismo administrativo es que aclare si el Ayuntamiento ha respetado la Ley de Contratos Públicos tras las modificaciones realizadas y si la Fundación está cualificada "para una acción que no parece estar en absoluto justificada documentalmente".