El precio pagado por las viviendas protegidas vendidas a Fidere fue de "menos de la mitad" de lo debido, según Higueras

El precio pagado por las viviendas protegidas vendidas a Fidere fue "menos de la mitad" de lo que se debería haber pagado, ha destacado este lunes en rueda de prensa la primera teniente de alcalde de Madrid y presidenta de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS), Marta Higueras, después de hacer un repaso por alguna de las irregularidades encontradas por la Cámara de Cuentas en el proceso de enajenación de 1.860 viviendas, más los correspondientes garajes, trasteros y locales, haciendo un total de 5.315 inmuebles.

El Ayuntamiento de Madrid pedirá a la Comunidad de Madrid la "nulidad radical" de la venta de 18 promociones de vivienda pública de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) a Fidere; se sumará a la solicitud de reapertura de la querella presentada por los afectados por la enajenación; se personaría en el procedimiento que podría abrir el Tribunal de Cuentas y solicitaría la responsabilidad contable de todos los responsables de la venta, además de plantearse como hipótesis la posibilidad de acudir a la regulación americana contra los sobornos.

Higueras ha destacado no sólo "las importantes subidas en los alquileres" de los vecinos de la mano de Fidere sino la negativa de esta sociedad a continuar con el alquiler de la familia de la portavoz de los afectados, Arancha Mejías, sin que medie ningún razón objetiva para esta decisión, como podría ser la conflictividad o tener deudas pendientes.

PORTAVOZ DE LOS AFECTADOS

La edil ha explicado en rueda de prensa que en una primera reunión con Fidere le transmitieron que su intención es ganar dinero con las viviendas, un objetivo que considera legítimo porque "no son una ONG". El siguiente contacto fue la llamada tras la decisión de no renovar el contrato de Arancha Mejías. "Nos dijeron que, una vez estudiada la situación, no suelen reconsiderarla", ha expuesto.

Higueras ha vuelto a transmitir el apoyo del Gobierno a la portavoz de los vecinos, que fue llamada a declarar a la comisión. "Sólo podemos pensar que la no renovación es consecuencia de haber participado en la comisión de investigación, a la que fue llamada, no pidió comparecer", ha apuntado la también presidenta de este órgano no permanente.

El Ayuntamiento, dada la particularidad del caso, ha ofrecido a la familia de la portavoz una vivienda de sustitución sabiendo que no es la solución ya que supone alejarles de su entorno dado que la EMVS no cuenta con viviendas en las proximidades de aquella en la que no ha sido renovado el contrato.

A eso se suma que en el próximo Pleno se presentará una iniciativa, respaldada por el PSOE, para que Arancha Mejías disponga de los servicios jurídicos del Ayuntamiento tanto para el asesoramiento como en el caso de necesitar defensa letrada.

Higueras ha comenzado su intervención recordando algunas de las irregularidades detectadas en la operación de venta por la Cámara de Cuentas en su informe definitivo del pasado 30 de junio sobre los ejercicios 2012 y 2013, con Ana Botella como alcaldesa.

Incluye que la venta se produjo "sin pliego de condiciones de la venta y sin estudio o informes de necesidad y viabilidad técnica y jurídica de la operación, ni se fijó con carácter previo al proceso de publicación de la venta el valor de las promociones a enajenar". De este modo, se deduce que fue Fidere quien fijó el precio de la venta, aceptado por la EMVS, "algo incomprensible", en palabras de Higueras.

Según el informe de la Cámara de Cuentas, la venta se realizó por un precio de 128.500.000 euros, una cifra "inferior al valor contable de aquéllas que es de 159.375.025,53 euros". Además, no se aplicó la normativa del Reglamento de Adjudicación de viviendas de protección pública de la EMVS aprobado por el Ayuntamiento de Madrid en 2008 y modificado el 30 de octubre de 2012.

Lo que hizo fue regir la venta por al artículo 18 del Reglamento de Viviendas de Protección Pública de la Comunidad de Madrid. Igualmente, el informe deja claro que la gestión y la administración que se realizó de los inmuebles no fue ajustada a los intereses de la empresa municipal "por el posible quebranto que esa política de ventas puede haber originado al patrimonio de la EMVS y por derivación al del Ayuntamiento de Madrid, de cuyos fines e intereses sociales la EMVS se aparta al enajenar estas viviendas a entidades jurídicas".

Mañana martes, 13 de junio, la presidenta de la EMVS, Marta Higueras, y el vicepresidente, el delegado José Manuel Calvo, presentarán ante el consejo de administración de la empresa el informe con las conclusiones del estudio del bufete de abogados Alemany, Escalona & De Fuentes, en las que se basan las acciones que el Ayuntamiento va a poner en marcha.

Este miércoles, 14 de septiembre, se celebrará la última sesión de la comisión municipal de investigación dedicada a la EMVS. Entonces se presentarán las conclusiones tras las declaraciones de afectados y parte de los participantes en la venta. En esta comisión han participado todos los grupos políticos municipales excepto el PP.

Las acciones anunciadas por Marta Higueras llegan después de que el Consistorio haya recibido las conclusiones del informe jurídico realizado por el bufete de abogados Alemany, Escalona & De Fuentes que, tras estudiar toda la documentación, ha encontrado indicios de delito. También ha analizado todos los procesos que se pueden iniciar para revertir la decisión.