El Gobierno de Aguirre recurrirá ante el Constitucional el Plan Estatal de Vivienda por "invasión de competencias

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de la Comunidad de Madrid recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) el Real Decreto que regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 al considerar que esta normativa "invade competencias exclusivas" que la Constitución atribuye a las comunidades autónomas en cuanto a la regulación del régimen de vivienda protegida.

Así informó en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el vicepresidente y portavoz, Ignacio González, que acompañado de la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, explicó que han tomado esta decisión hoy tras analizar dicho Decreto y concluir que el Gobierno central se "extralimita en sus competencias", limitando la política de vivienda regional e imponiendo obligaciones a las regiones.

Según explicó González, el Gobierno regional ya planteó "hace un tiempo" un conflicto positivo de competencias, pero el Gobierno no se ha aceptado sus consideraciones, y, por lo tanto, formalizan la imposición del recurso ante el TC, por aspectos como el que se recogen en el artículo 6, donde se establece que el periodo de protección será permanente en el caso de que los pisos se construyan en suelos destinados por ley a vivienda protegida y no inferior a 30 años sobre suelos libres.

"El cambio fundamental que impone la ley es una limitación del derecho de propiedad de las personas que adquieran una vivienda protegida, de tal manera que ya no podrán disponer de esa vivienda como hasta ahora porque tendrá la consideración de vivienda protegida, y cuando fallezca no la podrán pasar a sus herederos sino que pasará a englosar una lista de la que decidirá la administración el nuevo adjudicatario", señaló.

Además, esta condición implica que los adjudicatarios de la vivienda protegida también tendrán que hacer frente al esfuerzo que implica un crédito bancario, una situación que producirá inestabilidad y desconfianza entre las familias ya que se sustituye el sistema tradicional de ahorro "por un modelo intervencionista basado en la nacionalización de la vivienda protegida".

Por otro lado, González señaló que en el artículo 3.1.b del Plan Estatal se exige al Gobierno regional la creación de un registro público de demandantes de vivienda protegidad, una medida que "no sólo es ineficaz como base única para la adjudicación de viviendas protegidas sino que no tiene en cuenta el coste que ocasionará la creación de esta estructura burocrática".

Del mismo modo, denunció que el Real Decreto ministerial no aclara el sistema de adjudicación de las viviendas, es decir, no determina si será por sorteo, por orden de espera en el registro de demandantes, o por un modelo de baremación.