Estatuto C-LM.- IU propone eliminar la fecha de caducidad del trasvase y limitar el cargo de presidente a dos mandatos

Un mínimo de 59 escaños y más proporcionalidad en Cortes, y nuevos títulos sobre medio ambiente y medios públicos, entre sus enmiendas TOLEDO, 10 (EUROPA PRESS) Izquierda Unida, a través del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, ha propuesto, en sus enmiendas al Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha en el Congreso de los Diputados, que el cargo de presidente de la Comunidad Autónoma no podrá ser ocupado "más de dos mandatos", así como la eliminación del año 2015 como fecha de caducidad del trasvase Tajo-Segura. El Grupo Parlamentario propone en una de las 51 enmiendas al Estatuto de Autonomía, a las que ha tenido acceso Europa Press y que ha registrado hoy, que el presidente de la Comunidad Autónoma "no podrá ocupar el cargo más de dos mandatos", frase para su inclusión en la redacción del artículo del texto de Estatuto de Castilla-La Mancha referido a la forma de elección del presidente regional. En cuanto a la cuestión del agua, el principal escollo de la negociación entre PSOE y PP, Izquierda Unida elimina toda referencia a la caducidad del trasvase Tajo-Segura, y propone en su enmienda número 51 que en la disposición transitoria primera se sustituya el apartado 1 por otro en el que se establece que el volumen de agua trasvasable desde el Tajo al Segura se reduzca progresivamente a partir de la entrada en vigor del presente Estatuto hasta "su definitiva extinción", pero sin mencionar el 2015, tal y como figura en el texto salido de las Cortes regionales. Asimismo, se establece la modificación del régimen de explotación del trasvase Tajo-Segura aumentando al 20 por ciento la reserva estratégica y establecer en 300 hectómetros cúbicos el máximo trasvasable para, en un proceso paulatino, alcanzar la reducción total. Según IU, se trata de una "propuesta realista" que puede cubrir las necesidades de toda la población, y "las aspiraciones de los diferentes territorios y su desarrollo sostenible". FINANCIACIÓN Y SISTEMA ELECTORAL Sobre cuestiones de financiación, la federación de izquierdas propone modificar la disposición adicional para incluir en las variables que determinan las inversiones del Estado en la Comunidad Autónoma, el envejecimiento de la población y su dispersión, estipulando que el Estado invertirá anualmente el 5,8 por ciento del conjunto de la inversión de sus presupuestos en Castilla-La Mancha hasta el año 2013. En cuanto al sistema electoral, una de las materias sobre las que más ha insistido la federación a nivel nacional y en Castilla-La Mancha, el partido propone que las Cortes regionales tengan un mínimo de 59 escaños y un máximo de 75 diputados --en vez de los 47 mínimos y 59 máximos estipulados--, para ajustarlo a la proporcionalidad existente en otras CCAA. De igual forma, cambia el mínimo de representatividad en las provincias de Guadalajara, --ocho en vez de siete diputados--, y de Toledo --doce en vez de once escaños--. De hecho, propone añadir un nuevo apartado en el artículo 24 en el que se reseñe que "las distorsiones en la proporcionalidad originados por el paso del tiempo y la evolución de los flujos poblacionales deberán ser corregidas por las Cortes mediante la adecuación del número de diputados a elegir por cada circunscripción electoral con anterioridad a la convocatoria de elecciones", y que ninguna circunscripción podrá elegir más diputados que otra con menos población. Sobre este tema, propone finalmente que la Ley Electoral de Castilla-La Mancha será aprobada por mayoría absoluta de los diputados --y no por dos tercios-- en votación final, para evitar minorías políticas de bloqueo, así como establecer criterios de igualdad de género para la elaboración de las listas electorales, Como novedad, Izquierda Unida añade un nuevo punto en el artículo 21 en el que establece "el derecho a una información veraz y comprensible sobre las características y los precios de los productos y de los servicios, a un régimen de garantías de los productos adquiridos y de los suministros contratados y a la protección de sus intereses económicos ante conductas abusivas, negligentes o fraudulentas". NUEVOS DERECHOS En otra enmienda, también propone un nuevo punto sobre el derecho de acceso a la justicia, la necesidad de que las Cortes se puedan pronunciar de forma no vinculante sobre el nombramiento del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, así como un conjunto de modificaciones en los artículos referidos al Gobierno local destinadas a clarificar su autonomía y competencias. Es más, sobre este aspecto, insta a la creación de una ley que regule la existencia de un fondo de nivelación municipal de servicios, de carácter no finalista, así como los criterios para su distribución. Izquierda Unida propone la supresión del artículo 168 del texto al considerar que la estabilidad presupuestaria no debe aparecer como aspecto esencial de las políticas económicas al ser un criterio variable. Igualmente, añade dos nuevos títulos al texto. Primero, un Título VII nuevo sobre medio ambiente, que recoge la biodiversidad, el desarrollo sostenible, los recursos naturales, el tratamiento de residuos, prevención de incendios, desarrollo rural, protección de los animales y medidas fiscales. Seguidamente, pide un Título VIII sobre medios de comunicación social, en el que establece que el servicio y la gestión de la radiotelevisión regional tendrán carácter público y se prestará mediante gestión directa. OTRAS ENMIENDAS En otras enmiendas, el Grupo Parlamentario incide en la necesidad de resaltar en el preámbulo el patrimonio cultural y natural de la región, en las disposiciones generales la relación entre España y Unión Europea como marco de referencia y de actuación de los poderes de la Junta, y en el articulado la participación e integración de los ciudadanos extranjeros. También en el articulado del Estatuto proponen que se especifique que Albacete es la sede de la Oficina del Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha, que éste sea elegido por dos tercios del Parlamento regional, un nuevo decálogo de las finalidades y objetivos esenciales de las políticas públicas de la región, los derechos a una buena administración pública, a la orientación sexual libre, prestaciones a discapacitados, la universalidad del derecho a la salud, la igualdad en el sistema educativo y en la vivienda, y la especificación del derecho a acceder "y a recibir de los poderes públicos" una renta de subsistencia que asegura las condiciones mínimas en situaciones de pobreza. Izquierda Unida establece por último la necesidad de que se incluya en el texto la garantía en el acceso a las ayudas públicas para atender a las situaciones de las diversas modalidades de familia; así como la adhesión en el artículo referido al medio ambiente de un precepto que establezca el "uso responsable del medio ambiente para evitar su deterioro y conservarlo para las generaciones futuras, de acuerdo con lo que determinen las leyes".