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PP y CC rechazan retirar 'Medidas Urgentes' pero aceptan hablar con PSOE de reestructurar competencias

Los socialistas acusan al Gobierno de llevar a cabo un "recorte sigiloso" de competencias de las corporaciones locales

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 16 (EUROPA PRESS)

Los 29 votos de CC y PP han rechazado hoy la moción presentada por el PSOE en el pleno del Parlamento de Canarias sobre la autonomía de las entidades locales en materia de ordenación del territorio, urbanística y de los recursos naturales, aunque las dos formaciones que apoyan al Gobierno autonómico invitaron al "diálogo" a los socialistas para abrir un debate sobre una "reestructuración" de competencias de las administraciones públicas en el archipiélago.

El portavoz del grupo socialista, Santiago Pérez, planteó que su intención era la retirada del Proyecto de Ley de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo para defender "la autonomía de las corporaciones locales", algo que CC y PP rechazaron. Aquí añadió que cuando el presidente del Gobierno, Paulino Rivero, comienza a hablar de una reestructuración de las competencias de las administraciones, su grupo quiere que se abra un debate, "pero como hay que hacerlo".

Pérez dijo que el Proyecto de Ley suponía una "vía lateral y contraria al ordenamiento" para consumar esta reestructuración y recordó que el Ejecutivo "ha ido llevando a cabo un recorte sigiloso, vía hechos consumados, de las competencias de los municipios y de las islas". Aquí citó la reforma del sistema eléctrico, la normativa sobre viviendas "y ahora lo intentan hacer a través de las Medidas Urgentes".

El socialista expuso que tanto CC y PP han llegado a la conclusión de que con el actual sistema electoral es el Gobierno la administración con la que pueden controlar al resto. "De ahí el cambio súbito del vicepresidente José Manuel Soria que cuando era presidente del Cabildo de Gran Canaria clamaba la supresión de la Cotmac", dijo.

El portavoz del PSOE explicó que cualquier control basado en la oportunidad es contrario a la autonomía local. "Si no se puede revocar el acto de administrativo de una licencia por discrecionalidad o un plan parcial, mucho menos se puede hacer lo que el Gobierno intenta, que es desplazar el abanico de competencias en la aprobación de planes por razones de oportunidad", insistió.

Asimismo, Pérez planteó que la mayoría de ayuntamientos y cabildos han solicitado que el Gobierno "reconsidere" su posición. "No cometan un error, han roto el consenso", dijo de forma rotunda para concluir que "cualquier debate sobre competencias es un debate abierto". "Si quieren hablamos, pero no por la puerta de atrás", zanjó.

Por su parte, el presidente del grupo parlamentario de CC, José Miguel González, dijo que estaba de acuerdo con el segundo punto de la moción del PSOE que habla sobre el "control de legalidad". "Las competencias de cabildos nacen de las leyes salidas del Parlamento de Canarias y por eso las puede cambiar esta Cámara", añadió el nacionalista.

PERO CON RECURSOS

En este punto aprovechó para rechazar los planteamientos socialistas sobre "ingerencia". Aquí puntualizó que la "supletoriedad" no supone una "subrogación" de competencias. Además se mostró favorable a abrir un debate sobre una nueva reformulación de competencias, pero siempre que vaya acompañada de "recursos". González también rechazó que él tuviese una concepción "jacobina" de las leyes como le había dicho Pérez. "Respeto la autonomía local, pero en el marco de la Constitución", aclaró.

De igual forma, el diputado del PP, Miguel Jorge, manifestó que se ha hablado de una "reestructuración competencial" y también ofreció "un diálogo para abrir el debate ya que podría aclarar qué cosas tiene que hacer cada administración pública". Las premisas, según él, será que se "defienda el interés del ciudadano para que la administración sea ágil, eficaz y cercana; y, en segundo lugar, que se evite la "duplicidad".

El popular rechazó que el PSOE no haya hecho esta propuesta durante el debate de las 'Medidas Urgentes'. "¿No hubiera sido más fácil o más oportuno que lo que hoy hace en esta moción se hubiera discutido en el trámite de la ley?", se preguntó.

Jorge asimismo denunció que "se ha hurtado el debate de la ley de Medidas Urgentes" y dijo que fue el PSOE quién no quiso llegar al consenso. Además habló de que la norma no va a invadir competencias, ya que los artículos puestos en duda se plantean por razones de "excepcionalidad". "¿El ciudadano tiene que pagar la desidia de las administraciones?", se preguntó para continuar diciendo que la ley sólo pretende mejorar la tramitación de los planes territoriales respetando la "independencia" de las corporaciones locales.

LA MOCIÓN

El texto de la moción presentada por el PSOE señala que "el Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a retirar el Proyecto de Ley para modificar todos aquellos preceptos que resultan incompatibles con la autonomía de las entidades locales, en particular las disposiciones contenidas en los artículos 8.1, 9.2, 15.3, 15.4 y 17.2, ya que instauran procedimientos basados en decisiones discrecionales del Gobierno de Canarias que desapoderan, en determinados supuestos, a las entidades locales, impidiéndoles el ejercicio de sus competencias reconocidas por normas con rango de ley".

"La autonomía de las entidades locales en el ejercicio de sus competencias es contraria al establecimiento de procedimientos de control, ajenos al control de legalidad, e inspirados en un principio de tutela que dificulte el ejercicio de esas competencias bajo la plena responsabilidad, consagrado por el ordenamiento jurídico", añade.

De igual forma se expone que "el Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a reformular todos los procedimientos encaminados a agilizar la elaboración, aprobación y gestión de los instrumentos de planeamiento o a desbloquear su adaptación a la Ley de Ordenación del Territorio y de los Espacios Naturales y a la Ley de Directrices Generales de Ordenación y del Turismo, que son objetivos necesarios, en todos los aspectos que vulneran la autonomía local o el principio legal de integración del sistema de planeamiento".