"El Gobierno ha decidido, con la aprobación del presidente Mahmud Abbas, que los pensionistas de los Ministerios de Sanidad y Educación puedan volver a su trabajo", ha declarado en comentarios recogidos por la agencia de noticias palestina Hamás.
Hamdalá no ha dado más detalles de esta vuelta atrás en una decisión duramente criticada por ONG como el Centro Palestino para los Derechos Humanos. "No tiene justificación legal, viola la legislación palestina e internacional, y supone un abandono, por parte del Gobierno, de sus obligaciones legales para con la Franja de Gaza", según un comunicado.
El portavoz de la Autoridad Palestina, Yusif al Mahmud, describió el pasado mes de julio que la jubilación forzosa tenía un carácter temporal para que Hamás, que tomó el enclave por la fuerza en 2007, vuelva a la mesa de reconciliación con el Gobierno. Sin embargo, esta medida y otras adicionales han tenido un efecto devastador entre los gazacíes.
Por ejemplo, la Autoridad Palestina ha paralizado algunos tratamientos médicos en Gaza y recortado salarios públicos hasta en un 30 por ciento, además de suspender las ayudas a las familias de los 277 presos políticos gazacíes encarcelados en Israel.
De hecho, la oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, la OCHA, ha desembolsado esta semana 2 millones de euros para ayudar a la población de la Franja, en una crisis acuciada además por una grave crisis energética producto de la falta de coordinación entre el Gobierno palestino y Hamás.
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