AMPL.- PSOE e IU quieren hacer públicas las actividades profesionales de diputados y limitar las incompatibilidades

Piden que la Comisión del Estatuto del Diputado tenga facultad para verificar que los parlamentarios no abusan de las compatibilidades MADRID, 25 (EUROPA PRESS) El PSOE e Izquierda Unida quieren que las declaraciones de actividades profesionales que los diputados registran en el Congreso cuando acceden a su escaño sean públicas y también que se estudie la posibilidad de reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para que sea más clara o, en su caso, limite el actual régimen de incompatibilidades que rige para los parlamentarios. Así lo anunciaron en sendas ruedas de prensa el diputado del PSC Francesc Vallès, que es el presidente y el representante del PSOE en la Comisión del Estatuto del Diputado, y el portavoz de IU en ese órgano, Gaspar Llamazares. Ambos quisieron explicar sus iniciativas un día antes de que el Pleno del Congreso vote un dictamen de la citada comisión por el que se concede la compatibilidad a una veintena de diputados para realizar actividades privadas extraparlamentarias, entre ellos los ex ministros José María Michavila y Angel Acebes, y el ex presidente de Endesa e Ibercaja Manuel Pizarro, los tres del PP. Vallès adelantó que va a convocar una reunión de la comisión la próxima semana para estudiar sus propuestas, que intentará se aprueben por unanimidad. Por su parte, Llamazares, que compareció poco después, presentó un texto con su propia proposición no de ley en la que se incluyen medidas similares a las anunciadas por Vallès. DECLARACIONES EN LA WEB DEL CONGRESO Ambos partidos quieren que todos los ciudadanos tengan acceso a las declaraciones profesionales de los diputados. Concretamente, el PSOE plantea que la comisión pida al presidente del Congreso, José Bono, que articule los mecanismos oportunos para poder dar publicidad a estos documentos. Esta información es confidencial y para poder consultarla se requiere una autorización de la Mesa de la Cámara, pero Vallès considera que "se puede dar una interpretación mucho más amplia" en aras de una "mayor transparencia" y de avanzar en el "afianzamiento de la democracia". A su juicio, esta iniciativa "histórica" podría hacerse realidad colgando las declaraciones profesionales de los parlamentarios en la página web del Congreso para que cualquier ciudadano pueda tener acceso a ellas. LA COMISIÓN DEL ESTATUTO, EN ABIERTO Por su parte, Izquierda Unida defiende que se cree un registro público de actividades abierto a toda la ciudadanía y otro de bienes patrimoniales declarados por los parlamentarios, de carácter interno y al que tenga acceso la Comisión del Estatuto del Diputado, que también debería poder consultar el registro de actividades de los ministros y demás altos cargos que tengan escaño en el Congreso. Llamazares también quiere que sean públicos tanto los debates como los informes que apruebe la comisión, un extremo con el que Vallès se mostró de acuerdo. No obstante, el diputado socialista subrayó que mientras eso no cambie sus deliberaciones y escritos seguirán siendo secretos y censuró la reciente filtración del último informe emitido por este órgano que se votará mañana en el Pleno. Además, el PSOE defiende que este órgano elabore un informe de recomendaciones para mejorar y concretar la delimitación del régimen de incompatibilidades de los diputados que se elevaría a la subcomisión parlamentaria que está estudiando una posible reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. En opinión de Vallès, en los últimos años se ha puesto de manifiesto que "puede haber dudas" a la hora de interpretar el régimen de incompatibilidades vigente y que sería conveniente que la ley lo "concrete, limite o delimite" y determine si hay que hacer interpretaciones más extensas o más reducidas a la hora de conceder las compatibilidades. LIMITAR ACTIVIDADES PRIVADAS Para el diputado socialista quizá sea oportuno introducir más limitaciones en el caso de las actividades privadas, especialmente si son "lucrativas", es decir, si los parlamentarios reciben una remuneración por ellas. De hecho, admitió que "es posible" que haya que retocar la ley para garantizar que los diputados ejerzan con dedicación exclusiva. "Si hay que aumentar las restricciones, trabajaremos en esa dirección", apuntó Vallès. Llamazares, por su parte, también pide que se prime la dedicación exclusiva al trabajo parlamentario y se precisen las actividades incompatibles para evitar "toda colusión entre lo público y lo privado. A este respecto plantea que el Congreso elabore un régimen disciplinario y penalice las ausencias injustificadas de los diputados. Tanto Vallès como Llamazares consideran como una extensión de la condición de diputado las actividades que éstos puedan realizar colaborando en tertulias o impartiendo clases en universidades. "Los diputados que participan en tertulias o dan clase con lo hacen por dinero", aseguró el socialista, quien quiso dejar claro que la inmensa mayoría de los miembros del Congreso son "honrados". Llamazares también incidió en este extremo al recordar que "la inmensa mayoría" de sus compañeros "ejercen con dedicación plena" sus actividades parlamentarias y que no es esa la imagen que se traslada a la ciudadanía. "Hay que despejar esto para que no paguen justos por pecadores", enfatizó. VIGILAR EL USO DE LA COMPATIBILIDAD PSOE e IU también coinciden en reclamar que este órgano pueda investigar para verificar qué uso hacen los diputados de sus compatibilidades. En este sentido, Vallès quiere que los servicios jurídicos del Congreso estudien hasta dónde podría llegar la comisión para comprobar que no se está haciendo una "utilización abusiva de la compatibilidad". Izquierda Unida concreta más en este asunto y aboga por que la Comisión del Estatuto del Diputado bien de oficio o a instancias de dos de sus miembros pueda recabar las precisiones documentales que estime oportunas para esclarecer, vigilar y verificar lo declarado por los parlamentarios. A los dos diputados se les preguntó por el caso del diputado del PP Fernando López Amor, ex director general de RTVE y que, según se ha publicado es consejero de una sociedad que gestiona derechos para la emisión de partidos de fútbol con televisiones públicas. El presidente de la Comisión rehusó hablar de un informe que tiene carácter secreto y se limitó a recordar que, según la ley, un diputado no puede tener una relación contractual con una entidad que contrate con administraciones públicas. Llamazares puso éste como uno de los casos que el Congreso debería poder investigar ya que, a su juicio, si es confirma que la empresa de la que es consejero contrata con medios públicos, López Amor incurriría en una "incompatibilidad flagrante".