Madrid, 9 dic.- El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, ha considerado hoy "insuficiente" el marco de financiación local, que "no está adecuadamente diseñado" y requiere una reflexión conjunta.
Álvarez de Miranda se ha expresado así en su comparecencia hoy ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Tribunal de Cuentas para explicar el Informe de fiscalización de la efectividad de las medidas recogidas por el decreto ley de julio de 2011 para el cumplimiento por las entidades locales de sus obligaciones comerciales.
El presidente del Tribunal de Cuentas ha dicho que "es absolutamente obvio que mantener un 13 por ciento de participación en el conjunto de la financiación de las administraciones públicas españolas por parte de las administraciones locales, es un porcentaje que no se corresponde con el procedimiento descentralizador que ha sufrido este país".
Por tanto, ha considerado que "no se encuentra adecuadamente diseñado el marco de financiación y requiere de una reflexión conjunta".
En respuesta a Caridad García Álvarez, de la Izquierda Plural sobre las entidades seleccionadas de la Comunidad de Madrid para la elaboración del informe, Álvarez de Miranda ha dicho que se han incluido los ayuntamientos de Alcalá de Henares, Alcorcón, Fuenlabrada, Las Rozas, Madrid, Móstoles, Parla, San Sebastián de los Reyes y Torrejón de Ardoz, y ha dicho que desconocía cuáles de éstos están siendo investigados en la trama Gürtel".
En relación a los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana a los que se ha solicitado información, el presidente del Tribunal de Cuentas ha dicho a García Álvarez que ha sido a los de Alicante, Castellón de la Plana, Elche, Gandía y Valencia.
El senador del PP Esteban Parro, ha calificado de "total fracaso" el decreto ley de julio de 2011, ya que "no mejoró ninguno de los objetivos que pretendía", ya que "el pago de las facturas había que hacerlo a través del ICO con condiciones bastantes duras" y en un momento en que la situación económica de los ayuntamientos era "horrible".
En la presentación del informe, el presidente del Tribunal de Cuentas ha recordado que "únicamente acudieron al endeudamiento especial un total de 1.025 ayuntamientos, 2 diputaciones provinciales y 2 consejos insulares, por un importe de 967,7 millones de euros.
En consecuencia, ha dicho, la mayoría de la entidades locales con deudas vencidas, liquidad y exigibles con sus proveedores no se acogieron al citado decreto ley, lo que "no contribuyó a atenuar la morosidad sobre la liquidez de las empresas".
Ha asegurado que "el 90 por ciento de la deuda cubierta estaba concentrada en quince ayuntamientos".
El informe revela que el acogimiento por los ayuntamientos a las medida "contribuyó a solucionar ciertas tensiones de tesorería de las entidades locales a corto plazo, aunque exigía asumir compromisos de difícil cumplimiento a medio y largo plazo".
El endeudamiento suscrito, según el Tribunal de Cuentas, ocasionó un coste total a las entidades locales de 128,4 millones de euros, de los que 118,5 millones fueron percibidos por el ICO y 9,9 por las entidades financieras colaboradoras.
Se ha destacado que "gracias al endeudamiento especial se atendieron 222.975 facturas de 11.995 autónomos y 26,343 empresas, aunque "no consta si los pagos se dirigieron a atender preferentemente las deudas con los empresarios más pequeños".
También se revela que un total de 373 entidades locales, el 36 por ciento de las que acudieron a la medida, no abonaron las cuotas al vencimiento, y en sólo 171 casos se retuvo la cantidad no satisfecha, mientras que en las restantes 202 entidades no se había podido recuperar a 31 de enero de este año la totalidad de la deuda vencida no atendida.
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